La directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón, Marina Sevilla, ha abogado este lunes en las Cortes regionales por «centrar los esfuerzos» en que los pequeños municipios sigan funcionando y lo hagan «de la manera más sencilla posible, facilitando su labor,» en aras de «luchar contra la despoblación».
Sevilla ha comparecido en la Comisión especial de estudio sobre la creación del Estatuto Jurídico del pequeño y mediano municipio de Aragón, en la que se han puesto encima de la mesa problemas que dificultan el día a día de los pequeños municipios, ya muy condicionados de por sí por la escasa y dispersa población que mantienen, como la falta de desarrollo de una normativa adaptada que les evite tener que cumplir la misma legislación que vincula a las grandes ciudades, por ejemplo en materia de contratos públicos, además de la elevada interinidad --77%-- de su personal funcionario y la sobrecarga de trabajo que conlleva el elevado caudal de información que han de gestionar en varias plataformas diferentes.
La responsable de Administración Local del Gobierno de Aragón ha defendido la necesidad de que la nueva normativa nazca con «un amplio consenso» que parta de la base de mantener la planta territorial de Aragón:
«Todos quieren tener su secretario y casi nadie quiere acogerse a su dispensa y que las funciones las lleven las diputaciones provinciales porque si es triste cerrar el bar o la escuela, más triste es tener que cerrar un ayuntamiento», ha advertido.
Por ello, ha reclamado «reforzar la asistencia técnica de comarcas y diputaciones», especialmente de estas últimas, de las que ha destacado su papel en la concesión de fondos, pero a las que ha reclamado mayor implicación, recordando, a su vez, que al Gobierno de Aragón le corresponde la «tutela».
Burocracia
Para facilitar la labor de los pequeños municipios, cuya definición también habrá que abordar, Sevilla se ha mostrado partidaria de una ley simplificada en la que se desarrollen competencias legislativas en materia de agrupaciones locales para el sostenimiento de puestos básicos «y permitir que los pequeños municipios se asocien para el mantenimiento del secretario, pero también para el operario o el alguacil». Además, ha planteado valorar «si podría establecerse una dispensa a las prestaciones de determinados servicios públicos».
También ha defendido la necesidad de simplificar la información «brutal» que tienen que transmitir los secretarios a las administraciones públicas --administración local, diputaciones, Cámara de Cuentas, Tribunal de Cuentas, Administración del Estado-- «y que no tenga que estar el secretario mandando la misma información a través de 150 plataformas distintas a 3 ó 4 administraciones diferentes», ha criticado.
En cuanto a la interinidad del personal funcionario, tras reconocer las escasas convocatorias realizadas por el Gobierno de España y el problema de interinidad que sufren los municipios de la Comunidad, ha recordado que el Gobierno de Aragón ha solicitado al Ejecutivo central que le transfiera la competencia «porque sabemos que todos estos interinos que llevan muchísimo tiempo, algunos más de 20 años, están en procesos de estabilización que el Estado todavía no ha sido capaz de resolver».
Unificar criterios
Por su parte, el recién nombrado director general de Despoblación, Alberto Casañal, ha puesto de manifiesto su propósito de «desarrollar la Ley de dinamización del medio rural de Aragón y de buscar el consenso parlamentario» para ello, así como de «unificar criterios con las comarcas» para lograr este objetivo con el fin de construir «una base sólida de acuerdos institucionales».
Su propósito pasa por contribuir a un «desarrollo territorial equilibrado» de la comunidad autónoma fomentando la «cohesión territorial, social y económica» y para ello ha asegurado que buscará el consenso tanto en las Cortes como con las diputaciones provinciales y comarcas y se ha comprometido a presentar diferentes proyectos en el plazo de cinco meses.
Casañal se ha referido a las diferentes líneas de ayudas y subvenciones impulsadas desde el la Dirección General, como la de eficiencia energética o la de rehabilitación y construcción de viviendas, así como una para la instalación de cámaras de vigilancia dotada de 400.000 euros y de próxima publicación en el BOA.
Además, ha anunciado que el Parador Nacional de Alcañiz acogerá entre el 21 y 23 de noviembre el primer Congreso Internacional de Despoblación.