El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha señalado sobre el caso ERE y la controversia con las sentencias del Tribunal Constitucional tras los recursos de amparo de los exaltos cargos socialistas condenados que ha acabado señalando una vulneración de sus derechos fundamentales que «en la Dirección General de Trabajo hubo prácticas delictivas clarísimamente».
A partir de esa premisa infiere que «el gobierno del Partido Socialista tuvo una clara responsabilidad política en tener a gente absolutamente desaconsejable para gestionar recursos públicos, que hicieron de ello un descontrol».
En una entrevista con Europa Press, cuestionado si cree que el expresidente Manuel Chaves quiere volver a la primera línea política, considera Maíllo que «volver ha vuelto, no sé a qué nivel, dice que no va a volver a todo, pero bueno, desde el punto de vista humano es comprensible, ¿no?», para a partir de ahí reclamar «que el Partido Socialista haga una propuesta honesta de reconocimiento de los errores que se cometieron en la falta de control con la política de los ERE».
Enarbola aquí la doctrina de Izquierda Unida ante las ayudas sociolaborales en el caso ERE, que le hace recordar «que había responsabilidad política y que toda responsabilidad política no implica una responsabilidad penal, igual que la absolución de una responsabilidad penal, que tú no tengas un delito, no significa que tú no seas responsable político».
Apunta el líder de IU «un viciamiento del debate» en este caso de gestión de los fondos públicos donde hay roles intercambiados entre los principales actores políticos, de manera que «el Partido Popular vinculaba la responsabilidad política a tener una condena penal y el Partido Socialista ahora reivindica la absolución penal».
Sobre la reacción de miembros del Gobierno andaluz y de dirigentes del Partido Popular a esos fallos del Constitucional que han supuesto en la práctica la revisión de las condenas del caso, Maíllo afirma que «me alucina» porque contrapone que con sus diferentes reacciones «por la mañana se levanta como partido de Estado y por la tarde es poco menos que antisistema», por lo que señala en ese sentido «el impudor del Partido Popular».
Un comportamiento que esconde, a su juicio, «el valor patrimonial» que le concede a las instituciones y que les lleva «al intento de desprestigio del Tribunal Constitucional, al secuestro que han tenido del Poder Judicial» porque de fondo subyace si esos órganos «sean proclives o no a sus tesis».
Colige en consecuencia del PP que «tiene falta de proyecto de país» aun cuando se trata de un partido que «representan políticamente a los dueños económicos del país, al alto funcionariado, a sectores muy importantes del Ejército o de las Fuerzas de Seguridad del Estado», lo que supone que «tienen la penetración en las grandes arterias que mueven el Estado».
«Cuando le falta una parte de ese Estado, que es el Poder Ejecutivo, son capaces de utilizar todos los resortes, con escrúpulos o sin escrúpulos, para conseguirlo», continúa reflexionando sobre la hoja que sigue el PP.
Maíllo augura que, aun cuando el PP tenga «grandes alianzas entre sectores fundamentales del funcionamiento del Estado», ese posicionamiento «les va a llevar al fracaso» con la idea de que «sectores que le podrían contribuir a hacer proyectos de mayoría nunca les va a llegar a dar ese apoyo».