La ANC, que preside el cantautor Lluís Llach, ha apelado este miércoles a Junts, ERC y la CUP a no proporcionar «ningún apoyo activo o pasivo» a una eventual investidura del primer secretario del PSC, Salvador Illa, como presidente de la Generalitat.
Así lo ha acordado la dirección de la entidad en una declaración política, en la que acusan a Illa de presentar desde hace años el proceso independentista «como la causa de la supuesta fractura de la convivencia en Catalunya y su decadencia».
«Los partidos independentistas no pueden votar a un candidato que en el conflicto con el Estado español apoyó la aplicación del artículo 155 y defiende las posiciones del Gobierno de España, los tribunales y el resto de instituciones españolas», añaden.
También consideran que no deben apoyar «a un candidato que cambia de manera sistemática al castellano en sus actos públicos», actitud con la que opinan que degrada el prestigio y uso del catalán.
En caso de una eventual investidura de Illa, la ANC avisa de que intensificará el plan de movilizaciones, también si hay una repetición electoral.
Además, defienden que el acuerdo entre Junts, ERC y la CUP para constituir una Mesa independentista muestra «el potencial de los acuerdos entre fuerzas independentistas y señala el camino para recuperar la mayoría electoral».
Ante la posible vuelta a Catalunya del expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+ a la reelección, Carles Puigdemont, la entidad independentista asegura que merece «el reconocimiento del pueblo catalán por sus años de exilio y por su trabajo de proyección internacional» del conflicto entre Catalunya y el resto de España.
«Un reconocimiento que se convertirá en defensa popular de su integridad si el poder judicial español intenta arrestarlo», apunta la ANC, que pide alejar cualquier sombra de partidismo en el planteamiento de su posible vuelta.
Amnistía
Sobre la aprobación de la Ley de Amnistía, creen que es una «victoria parcial que puede representar el fin de la persecución judicial para centenares de encausados, pero de ninguna manera implica la normalización institucional, política y social en Catalunya».
En el momento de su aplicación, lamentan que parte de la judicatura esté llevando a cabo «un auténtico golpe de estado judicial, una actuación impensable en jueces y fiscales del resto de países de la UE».