El consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, ha manifestado este martes ante las decisiones del Tribunal Constitucional de ordenar revisar la condena a inhabilitación de la exministra socialista y exconsejera de Economía Magdalena Álvarez, por el «procedimiento específico» de financiación de las prejubilaciones de expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas; y la anulación de la pena de cárcel del ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, ya en libertad, que esta macrocausa aún tiene «134» piezas abiertas.
En declaraciones a los medios de comunicación en Andújar (Jaén), Antonio Sanz ha avisado de que «el escándalo de los ERE no ha acabado», insistiendo en que se trata de «un robo sin precedentes» y del «mayor caso de corrupción» de la historia democrática de España, señalando la cifra de 700 millones de euros del dinero público que fue canalizado mediante el citado «procedimiento específico» de financiación de prejubilaciones acordadas en ERE irregulares o innecesarios y ayudas arbitrarias sin publicidad a empresas; lo que le ha llevado a remitirse a la propia sentencia del Supremo, previa al Constitucional, que desestimó los recursos de casación de la gran mayoría de los ex altos cargos de la era socialista de la Junta condenados por la Audiencia de Sevilla por prevaricación o por dicho delito y además malversación.
Ahora, el Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente los recursos de amparo de Magdalena Álvarez y de Serrano Aguilar, la primera condenada por prevaricación y el segundo por dicho delito y además por malversación; considerando a grandes rasgos, por siete votos a favor de los magistrados del tribunal y cuatro en contra, que no serían ilegales las acciones relacionadas con la aprobación o ejecución de las leyes de presupuestos de la Junta Andalucía, aprobadas por el Parlamento.
Ante ello, el TC ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que respecto a Magdalena Álvarez dicte un nuevo fallo que excluya los hechos relacionados con la aprobación de los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos y de modificaciones presupuestarias; estimando también parcialmente el recurso de amparo de Serrano Aguilar, cuya pena de prisión por malversación ha sido anulada, quedando el mismo en libertad.
En ese marco, Sanz ha criticado las últimas palabras del líder del PSOE-A, Juan Espadas, que avisaba al PP de que «no es lo mismo la crítica política que la cacería», reclamando diferenciar los límites de la crítica política por cuanto «hablamos de personas víctimas de una sentencia injusta que ha vulnerado sus derechos fundamentales».
Ante ello, Sanz ha avisado de que «la sociedad está escandalizada del intento del PSOE de borrar el mayor robo de la historia, que fue calificado por el Supremo como el mayor caso de corrupción de la democracia»; considerando que con las decisiones del Constitucional, el PSOE está incurriendo en «un esperpento» al «justificar» a su juicio la trama de los ERE, «aplaudirla» y «chulear». «Se sienten orgullosos. Piensan que pueden volverlo a hacer», ha opinado, insistiendo en que «es el mayor robo de la historia» democrática de España.
Además, ante las críticas del PSOE al PP por su postura sobre la macrocausa de los ERE, Sanz ha replicado que la sentencia inicial condenatoria fue dictada por la sección Primera de la Audiencia de Sevilla y confirmada en su inmensa mayoría por el Supremo al desestimar los recursos de casación de la gran mayoría de los condenados, con lo que su entender, «el PSOE está insultando a los jueces» de tales instancias. «Si habla de cacería, se está refiriendo al Supremo», ha opinado, acusando además al PSOE de «manipular» el sentido de las decisiones del TC.
Y especialmente, ha avisado de que en la macrocausa de los ERE «quedan 134 piezas» aún «abiertas», con lo que «el escándalo de los ERE, un robo sin precedentes, no ha acabado». «Diga lo que diga el Tribunal Constitucional, no va a tapar que es el mayor caso de corrupción que ha habido en la historia de la democracia», ha enfatizado.
Además, ha señalado la posibilidad de que estas deciones del TC «pongan en peligro la recuperación del dinero» de la partida presupuestaria 31L cuyo reingreso reclama la Junta a los beneficiarios de tales fondos. «Vamos a luchar hasta el final por recuperar hasta el último euro del dinero de los andaluces», ha rematado.