La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha negado que la morosidad sea un problema en el sector del alquiler residencial: «Es irrelevante».
Lo ha dicho este jueves en un diálogo en el Cercle d'Economia, en el que ha defendido la Ley de vivienda y ha dicho que se debe desarrollar y «reforzarla».
Rodríguez ha lamentado la falta de «compromiso de las comunidades autónomas» a la hora de desarrollar el texto legal para implementar, entre otros puntos, los instrumentos de garantía para los propietarios o los sistemas de arbitraje.
Ha subrayado la necesidad de que todas las administraciones públicas se alineen con unos objetivos claros para poder dividirse el trabajo según sus respectivas competencias y alcanzarlos.
Entre estos objetivos están ampliar el parque de vivienda pública hasta el 9% --frente al 1,5% actual-- y que «en ningún territorio» los ciudadanos deban dedicar más del 30% de sus ingresos al acceso a la vivienda.
CONTROL DE RENTAS
Preguntada por el control de rentas y la retirada de viviendas del mercado, Rodríguez ha señalado que esta retirada se da desde 2019 para dedicar los pisos a «otros fines», por lo que ya sucedía, textualmente, antes de la Ley.
La ministra ha defendido el índice de referencia, aunque ha recordado que la Ley tiene tres meses de vigencia y que ahora se debe empezar a analizar.
Por otro lado, ha subrayado que la gestión de las zonas tensionadas «requiere de la implicación de todas las administraciones» y tomar medidas que van más allá del índice.
GENERAR OFERTA
Sobre la generación de oferta de vivienda, Rodríguez ha asegurado que se va «en la dirección correcta» y ha puesto en valor el Programa 6 de vivienda, que ha dicho que ha funcionado bien y que se le debería dar la dimensión de proyecto tractor.
Ha añadido que opciones como los derechos de superficie son «una buena fórmula para garantizar rentabilidades y mantener el interés social de la inversión».
Además, ha recordado, que el Gobierno prevé aprobar ayudas a los promotores que, entre otros, ofrecerá préstamos en «condiciones ventajosas y avalados en un 50% por el Estado» y que se podrán dedicar también a la compra de suelo para la construcción de viviendas en alquiler.