Más Madrid ha registrado en la Asamblea una iniciativa para que se triplique el número de inspectores de pisos turísticos en la región y «cerrar los casi 24.000 ilegales que hay solo en la ciudad de Madrid».
Este es uno de los ejes de la Proposición No de Ley (PNL) anunciada este miércoles por la portavoz del Grupo, Manuela Bergerot, a los medios de comunicación antes de reunirse con la Red de Municipios por el Cambio.
La iniciativa, además de aumentar los inspectores, también exige que se establezca una moratoria para que no se abran más pisos turísticos hasta que se «ponga orden en la situación» actual y que se endurezcan las sanciones para que se impida que se puedan «enriquecer a costa de expulsar a la gente de los barrios».
Preguntada por si cree que podría haber un espacio de consenso con el PP en este tema, Bergerot ha criticado que ante la «grave crisis» habitacional los madrileños estén «en riesgo» porque el PP, a sus ojos, utiliza la vivienda como «una cuestión ideológica para confrontar con el Gobierno estatal».
Ley de vivienda y zonas tensionadas
Se ha referido Bergerot a la aplicación de la Ley de Vivienda y el 'no' de los gobiernos 'populares' a permitir que se declaren zonas tensionadas en los municipios. Para poder tener esta consideración, las localidades deben cumplir una serie de requisitos y pedirle a la comunidad autónoma que lo autorice.
En el caso de la Comunidad de Madrid, desde el Ejecutivo regional se ha reiterado en numerosas ocasiones que no aplicarán la norma estatal al entenderla errónea y que no permitirán a municipios que se declaren zona tensionada, como han pedido Alcorcón o Getafe --ambos encabezados por una coalición de izquierdas donde están el PSOE y Más Madrid--.
Frente a ello, la portavoz ha explicado que la diputada de Más Madrid integrada en el Grupo Parlamentario Sumar Tesh Sidi ha registrado una PNL en el Congreso para modificar este procedimiento y que los ayuntamientos si cumplen las condiciones necesarias puedan declararse zona tensionada al margen de la autorización regional.
«Esto es precisamente para las comunidades autónomas como la de Madrid que no garantizan el derecho a la vivienda con el objetivo de querer confrontar con el Gobierno central», han incidido.