La vicepresidenta segunda portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha informado de que han convocado a las asociaciones memorialistas a una reunión, el próximo jueves 11 de abril, para abordar con ellas el desarrollo del plan de exhumaciones de todas las «víctimas de la violencia ideológica», que abarque «la época de la República, la Guerra Civil e incluso la dictadura», del que ha destacado que se ha aumentado un 10% su presupuesto hasta los 110.000 euros.
El objetivo, según ha explicado Vaquero en rueda de prensa, junto a la consejera de Interior y Cultura, Tomasa Hernández, es que «cualquier aragonés que tenga un familiar en una fosa o una cuneta pueda darle una digna sepultura», así como «recuperar, identificar y dar un destino digno» a estas víctimas, para lo que el Ejecutivo quiere trabajar de la mano de las asociaciones memorialistas.
Los trabajos se van a realizar desde la Dirección General de Patrimonio Cultural teniendo en cuenta el mapa de exhumaciones que, «en contra de lo que están tratando de hacer creer algunos grupos, es previo a la Ley de Memoria Democrática y está dentro del patrimonio histórico cultural del Gobierno de Aragón», ha asegurado.
Un plan que va a servir de guía, pero que «se puede ir mejorando» en función del trabajo conjunto con estas asociaciones. En ese sentido, ha adelantado que la reunión del próximo jueves tendrá un carácter «más técnico» y que, como se venía haciendo en los dos últimos años, el presupuesto lo gestionará directamente el Gobierno autonómico.
La portavoz del Ejecutivo regional ha insistido en que los familiares de los represaliados «tienen derecho a recuperar la dignidad de quienes puedan estar enterrados en una fosa común o en una cuneta». «Nosotros no hacemos distinciones», ha apostillado.
Enfrentamiento con el gobierno de españa
Con respecto al enfrentamiento con el Gobierno central en torno a la derogación de la Ley de Memoria Democrática, después de que anunciara ayer que recurriría a la ONU, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, Mar Vaquero lo ha calificado como un ataque más con la intención de «seguir levantando muros entre los españoles».
Así, ha recalcado que la derogación de la norma autonómica se llevó a cabo «en cumplimiento estricto de la legalidad», por lo que lo que pretende el Gobierno de España con estos recursos es «enturbiar». «No puede ser que algunos partidos, cuando algo no les gusta, no acepten las reglas de la democracia», ha afirmado Vaquero, quien ha subrayado que Moncloa no está siguiendo criterios jurídicos sino políticos «basados en la confrontación».
Del mismo modo, la portavoz ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de protagonizar unas «imágenes dantescas» tras visitar los trabajos de identificación en el valle de Cuelgamuros.
«Si para algo ha querido utilizar Cuelgamuros, ahora lo tenemos clarísimo», ha dicho, y es «para llevar a cabo su campaña electoral», basada, en su opinión, en una «política de trinchera, de confrontación y de generar fractura entre todos los españoles».
La también consejera de Economía ha achacado todo ello a que el Gobierno «está fracasando en la gestión» y está «débil, fracturado y enfangado en casos de corrupción», además de ser incapaz de tener unos presupuestos, de poner «en peligro» la gobernabilidad de España o de aprobar una «ignominiosa» ley de amnistía para «pagar un peaje» a los partidos independentistas.
En este escenario, «lo único que se le ocurre es volver a recurrir a un pasado que está superado por los españoles», ha remachado, en referencia al Gobierno de Sánchez.
Frente a ello, Vaquero ha reivindicado que «los españoles fueron capaces de superar una de las épocas más tristes» gracias a la Ley de la Reforma Política, la de Amnistía --la de la Transición-- o la aprobación de la Constitución, que es «el mayor referente que tenemos todos los gobiernos que de verdad creemos en la democracia» y en la época «de mayor paz y prosperidad» que ha tenido el país.
«Si Sánchez es incapaz de ocuparse del Gobierno de la nación, que deje a las Comunidades Autónomas, que estamos centradas en trabajar en buscar la prosperidad de nuestras regiones y en defender más que nadie los derechos de los aragoneses», ha añadido.
Unos derechos, ha proseguido, atacados por la «política de desigualdad y ataque» que está llevando a cabo el Ejecutivo de Sánchez, también a través de sus ministros, como en este caso el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
"inaudito"
Además, la portavoz del Ejecutivo aragonés ha considerado «inaudito» que el Gobierno de España se plantee recurrir la derogación de una ley, aprobada en un parlamento autonómico, que «no quita derechos», sino que «amplía los derechos de todos los aragoneses sin bandos ni fracturas».
Por otro lado, ha emplazado al Gobierno central a cumplir con su propia ley de memoria histórica, que es el primero que la está incumpliendo «reiteradamente», y que cree por fin un registro de datos que faciliten el desarrollo de los planes de exhumaciones.
No obstante, a su juicio, el presidente ha dejado «bien claro» que no le importan las víctimas de la represión ideológica y las utiliza como «atrezzo de su campaña electora», vulnerando los «derechos, dignidad y memoria de todas y cada una de las víctimas».
En cuanto a las exhumaciones en Aragón, ha recordado que, durante la legislatura pasada, incluso los grupos de la izquierda criticaron «la falta de interés» del Gobierno de Lambán al no estar dotando de forma suficiente este plan. Así, el año pasado se realizaron ocho exhumaciones, cifra que aspiran a mantener o incluso aumentar en 2024, según ha apuntado la consejera de Interior, Tomasa Hernández.
En lo que respecta al plan de concordia, Vaquero ha señalado que prevén que esté listo antes del verano y que estará basado «en el espíritu de la Transición» y que «va a huir de la confrontación de los gobiernos socialistas» para superar «el lenguaje de bandos», como ya han explicado a las asociaciones memorialistas que acudieron a una reunión previa en enero.
«Al Gobierno aragonés no se le puede acusar para nada de haber dilatado el cumplimiento con las asociaciones memorialistas y el plan de exhumaciones», ha subrayado.
Tomasa Hernández ha resaltado que «vamos a escuchar a las asociaciones memorialistas para ver qué sugerencias e interés tienen y en qué fosas».