La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que el autor del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en el que insta al Gobierno de la ciudad a presentar en seis meses los pliegos del contrato de autobús «no tiene consecuencias jurídicas, ni económicas más allá de las costas judiciales» al argumentar que la alternativa habría sido perder 34 millones de euros de fondos UE que se solicitaron por la actual concesionaria Avanza.
El auto del TSJA recoge que el Gobierno de Zaragoza tiene un plazo de seis meses para elaborar unos nuevos pliegos del contrato del autobús urbano después de que el pasado 28 de julio decidiera prorrogarlo por cuatro años más en lugar de sacarlo a licitación.
De esta forma, el TSJA en este auto emitido el pasado 6 de marzo da la razón al recurso presentado por la Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores porque en los pliegos de 2013 se incluían dos cláusulas --la exigencia de que la concesionaria se constituya como sociedad anónima y la experiencia en el sector--. Ambas ha sido el motivo de presentación de un recurso por la citada Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores porque cuando se licitan los pliegos no cumplían ninguno de los dos requisitos y los nuevos pliegos no las podrán incluir de nuevo.
Tampoco tendrá consecuencias jurídicas ha aseverado Chueca porque se ha presentado un recurso al auto para solicitar una ampliación de tiempo para hacer los pliegos que «serán legales porque no tendrá cláusula ilegales y se cumplirá con el auto».
Asimismo, ha observado que el auto no dice que la prórroga no es legal, sino que se «ajusta a derecho» porque la cláusula 6 que recoge 5 años de prórroga no se cuestiona en el auto. «Estaremos siempre al lado de los jueces y no les acusaremos de ser prevaricadores o montarles comisiones de investigación cuando no nos guste lo que digan porque hay partidos que han criticado las resoluciones judiciales y concejales de esos partidos son los responsables de las cláusulas del contrato que no se ajustan a la justicia».
Ha recordado que en 2013, con el PSOE, se aprueban los pliegos controvertidos que son "ejemplo de desastre de gestión de la izquierda del PSOE, CHA e IU porque recortaron más de 2 millones de kilómetros, despidieron a más de 153 trabajadores que hubo que readmitir con dinero público y se cuestionaron tres cláusulas que el TSJA ha dejado en dos que no son legales y ahora pide que no se incluyan en los pliegos.
"chapuza"
"Es otro desastre que el PP tiene que arreglar porque al PP solo le interesa el bien público e interés general y por eso se han logrado fondos europeos para cambiar la flota y ahorrar 34 millones de euros al Ayuntamiento.
El concejal de VOX, David Flores, ha pedido la comparecencia de la alcaldesa al argumentar que la prórroga «no está ajustada a derecho» y ha agradecido no formar parte del Gobierno de la ciudad porque «ahora tendrían que ser copartícipes de esta chapuza» y ha preguntado qué no habrá en los cajones porque en 8 meses hay una resolución del TACPA a la Romareda, se han perdido 7,5 millones de euros en subvenciones y este auto del TSJA.
«Al varapalo judicial se unen las conclusiones de la comisión de investigación del pasado año sobre la prórroga de la contrata del autobús y es una falta de lealtad con el principal socio del Gobierno».
Ha pedido explicaciones porque dos semanas después del auto nadie ha respondido y quiere saber las consecuencias y si se desobedecerá el mandato judicial.
David Flores ha argumentado que la prórroga se justifica porque Avanza paga los autobuses que luego se le reembolsa con fondos UE. Ha preguntado qué consecuencias puede tener el no cumplir las sentencias porque las empresas «pueden salir huyendo y luego como se pide a los ciudadanos que cumplan las ordenanzas».
Ha avanzado que puede haber consecuencias porque el informe del Consejo Consultivo de Aragón es preceptivo si el contrato es superior a los 6 millones de euros y ha pedido saber si se solicitó.
El contrato firmado en 2013 por diez años expira el 2 de julio de 2023 y se aprueba la prórroga el 23 de julio, luego «estaba fuera de fecha» y hace la prórroga de «nula legalidad», extremo que ha pedido aclarar.
Incapacidad
La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha considerado que es momento de internalizar este servicio público. Le ha afeado a Chueca que «mienta por decir en su día que la prórroga era necesaria para no perder fondos UE porque hay que tener un contrato en vigor», ya que según ZeC, el contrato sea con Avanza u otra concesionaria siempre está en vigor.
Ha cuestionado que se recurra el auto cuando el PP lleva cinco años en el Gobierno y revela la «incapacidad para gestionar el futuro de la ciudad». Es una ciudad de «apariencias, mal gestionada y ha calificado de »matrimonio de conveniencia" la actuación de VOX al pedir esta comparecencia.
La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha dicho que es un «varapalo jurídico» y le ha recordado que el primer efecto de la gestión de Chueca en movilidad ha sido el pasado mandato con la mayor huelga del autobús, la subida del precio del billete, la falta de reordenación de las líneas de autobús, la inseguridad vial, la carencia de un ordenanza de movilidad y que «todo lo relacionado en el contrato del autobús se debe al PSOE».
Ranera ha comentado que Chueca «armó la mentira de tal forma que se gastaron 200.000 euros en una asistencia técnica sin informe técnico del área de Servicios Públicos y Movilidad, en campaña dijo que haría nuevos pliegos y es la única culpable de este varapalo después de mentir a los ciudadanos, a la justicia y además puede costar dinero». Ha reclamado conocer el motivo de la prórroga.
Comprar argumentos
La consejera municipal de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, le ha afeado a VOX que haya comprado todos los argumentos de la izquierda" porque el auto no dice que la prórroga sea contraria a derecho.
«La única ilegalidad que no se ajusta a derecho» y que ha sido condenado por un juez son los pliegos del 2013 del PSOE, y a ZeC le ha recordado que un juez les dijo que era ilegal la ocupación del Luis Buñuel que costó 180.000 euros en limpieza.
La prórroga ha sido la única forma de adquirir los vehículos en tiempo y mejorar la red de bus. Gaudes ha informado de que se trabaja en elaborar los pliegos y el interés ha sido preservar 34 millones para que la flota cueste menos dinero. Se busca captar todos los fondos posibles y en esos pliegos para cumplir el auto del TSJA y se pide ampliar plazo para ajustarse al procedimiento que requiere de informes preceptivos del Ministerio de Hacienda.
Diferencias con sánchez
Chueca ha cerrado el debate para indicarle a VOX que no está en contra del auto y no incumplirá los requerimientos judiciales. Ha aclarado que no se necesita pasar por el Consejo Consultivo porque está en el artículo 6 y es legal.
«No miento como sí hace Sánchez que cambia de opinión constantemente, en todo momento he buscado el interés público y era materialmente imposible que otro concesionario comprara los autobuses porque en septiembre de 2022 solo estaba Avanza para aprovechar los fondos UE». Ha preguntado que habría hecho la oposición porque además fueron dos convocatorias por lo que se tuvo que hacer la prórroga que no se cuestiona el TSJA.
A ZeC le ha recordado que han estado 4 años para haber municipalizado servicios y «fueron la gran decepción porque excepto el 010 no internalizaron nada».
A Ranera le ha preguntado si el PSOE llevaba en el programa electoral la Ley de Amnistía porque «han engañado a todos los españoles y esa es la diferencia entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Zaragoza». «Tengo presupuesto, legitimidad de las urnas y cumplo un programa no el que marcan los independentistas como a Sánchez y no tengo a nadie corrupto en el Gobierno»