La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha manifestado, en una nueva reunión de la Conferencia Sectorial de Migraciones, la creación de un fondo extraordinario para financiar el proceso de inclusión de los migrantes.
«Hemos asistido a otra Conferencia Sectorial de Migraciones vacía de contenido, con muchas declaraciones de intenciones, pero sin ningún compromiso efectivo por parte del Gobierno de España», ha señalado Susín, quien ha participado en la reunión de forma telemática.
En este foro se han abordado la situación migratoria actual derivada de la llegada de migrantes a Canarias y el punto en el que se encuentran tanto el Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal como el Programa de Atención Humanitaria, ha informado el Gobierno autonómico.
«Aragón ha seguido reclamando la información, la coordinación y la financiación para atender a estar personas migrantes, tanto a los menores no acompañados que han llegado a nuestra Comunidad Autónoma como a los adultos que cuando finaliza el programa de acogida tenemos que obviamente atender e iniciar su proceso de inclusión social entre nosotros, y para ello hemos pedido un fondo de financiación extraordinario en la Conferencia Sectorial», ha explicado la consejera.
A su juicio, este fondo económico debería destinarse a atender a las personas migrantes que concluyen el primer proceso de acogida y quedan a continuación sin un itinerario de acompañamiento y de inserción, lo que les cola en riesgo de exclusión social.
En la anterior Conferencia Sectorial, celebrada el pasado 28 de diciembre de 2023, Aragón demandó una mayor coordinación, información actualizada y la financiación necesaria para poder cumplir con los compromisos de la Comunidad en lo que respecta a la atención a los migrantes y en especial a aquéllos que son menores de edad.
Sobre esta cuestión, el Ministerio de Juventud e Infancia pretende solventar el traslado solidario de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias y Ceuta con el reparto de 30 millones de euros, una cantidad que la mayoría de las CCAA han calificado como «insuficiente».
Además, se han mencionado las consecuencias que tendrá en la respuesta a la crisis migratoria la falta de Presupuestos Generales del Estado para 2024 y cómo las Comunidades Autónomas se encuentran «una vez más abandonadas por el Gobierno central».
Por último, Susín ha criticado la «falta de soluciones de calado» y la «sobreabundancia de declaraciones de intenciones» en una reunión que ha valorado como «vacía de contenido y sin compromisos claros» y en la que también se ha hablado de la puesta en marcha de una reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería, que debería estar vigente en este primer semestre de 2024.