Las nuevas tecnologías aplicadas a la Administración de Justicia no acaban de convencer a la Judicatura madrileña por la falta de medios para su buen funcionamiento, lo que está complicando el desarrollo diario de juicios y otras vistas por los problemas telemáticos que generan entre otros aspectos las conexiones con el sistema Zoom con testigos y víctimas.
En los últimso meses, cada vez es más frecuente que la mayoría de las declaraciones en la fase testifical de los juicios en la Audiencia Provincial de Madrid se realicen a través de videconferencias, incluidas las comparecencia de víctimas de agresiones sexuales.
Este acelerón tecnológico se produce como consecuencia del Real Decreto 6/23 aprobado el pasado diciembre por el Gobierno de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. El Real Decreto entrará en vigor el próximo 30 de marzo.
Uno de sus objetivos es adaptar la realidad judicial española al marco tecnológico y digital actual, un previsión de la que están a favor los magistrados y funcionarios siempre y cuando haya medios necesarios que garanticen un buen funcionamiento de la nueva era judicial telemática.
A diario, las conexiones por Zoom retrasan las declaraciones de testigos, que esperan horas hasta estar conectados con la sala. Mientras que la ausencia de técnicos informáticos obliga a los agentes judiciales a realizar labores que no son de su cometido, cuestión por la que también se queja esté colectivo.
Como ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid opera con tres informáticos para las treinta secciones, quince de ellas penales que celebran juicios a diario y en muchos casos doblan al día las vistas al haber apelaciones.
Las comparecencias se complican en el caso de víctimas de agresiones sexuales al estar a favor los magistrados de que declaren en la sala tras un biombo, si puede ser de tipo estable, si se lo permite su estado psicológico.
Consideran que su presencia en la sala les empuja a ofrecer un relato más detallado que si lo hicieran tras una pantalla al ser la comunicación mucho más fría. Apuestan por potenciar la figura del acompañamiento en la propia sala a través de la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos de la Comunidad de Madrid.
Esta Oficina presta asesoramiento psicosocial a los órganos judiciales de la Jurisdicción Penal de la Comunidad de Madrid y proporciona psicólogos que puedan acompañar a los perjudicados en la propia sala durante los interrogatorios.
Recientemente, un menor víctima de bandas latinas testificó acompañado por un psicólogo y tras un biombo estable --de madera y mucho más amplio que los habituales de tela-- en un juicio en el que relató de manera pormenorizada el ataque brutal del que fue víctima y que casi le cuesta la vida en cuestión de segundos cuando jugaba a las cartas con sus amigos en un parque de la capital.
En el ámbito tecnológico, hay dificultades también a la hora de realizar conexiones telemáticas con otras comunidades autónomas por incompatibilidades del sistema, según comentan magistrados consultados por Europa Press.
«No estamos en contra del uso de medios telemáticos pero su aplicación requiere de una mejora de recursos materiales», subraya un magistrado de la Audiencia madrileña. La opinión es generalizada entre los jueces de esta sede judicial madrileña. «Los medios son de hace 15 años. Necesitamos materiales nuevos», reclaman.
Salas digitlizadas
Desde la Comunidad de Madrid subrayan a Europa Press que todas las salas de vistas de los juzgados madrileños están digitalizadas. Solo el año pasado celebraron en la Comunidad de Madrid un total de 65.445 vistas telemática y 13.510 en lo que va de 2014, sin más incidencias que puntuales problemas de conexión a la red.
Durante el Ejercicio del año 2023 el Presupuesto público anual asignado a la informatización (equipos, inversiones, mantenimiento), teniendo en cuenta todos los gastos para la instalación, uso y mantenimiento de los sistemas informáticos (incluyendo los gastos en personal técnico) ascendió a 25,6 millones de euros.
También se incluyen los gastos en comunicaciones telemáticas entre los tribunales y cursos de formación en nuevas tecnologías.