El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha comparado este miércoles el 'caso Koldo' con el de los ERE y ha dicho estar preocupado por «las informaciones que siguen apareciendo» sobre «las ramificaciones de este caso», que afectan «a otras instituciones y a otros responsables públicos», e «incluso alcanzan al máximo nivel del Gobierno y de instituciones, como el Congreso de los Diputados, con la tercera autoridad del Estado, como es la presidenta del Congreso».
En este sentido y en declaraciones a los periodistas poco antes de inaugurar en Córdoba las II Jornadas Técnicas de Equipos Gubernativos y Veterinarios de Andalucía, Sanz ha opinado que «este tipo de denuncias» son «lo peor de lo peor y a nosotros nos trae al recuerdo el pasado de Andalucía durante la etapa del PSOE y cada vez se parece más este caso al que tuvimos que sufrir en Andalucía con el de los ERE».
En ese caso, según ha señalado Sanz, «empezó todo el mundo negando la responsabilidad y decían que esto es cosa de cuatro golfos», pero «acabó con dos presidentes que tuvieron que dimitir y un número muy importante de altos cargos y consejeros que tuvieron que marcharse, y que han sido condenados, considerando el Tribunal Supremo que estamos ante el mayor caso de corrupción de la historia».
Ahora, en el 'caso Koldo', Sanz, al igual que ocurrió en el caso de los ERE, también ve «a chóferes» y «muchas similitudes», y le «preocupa que cuando gobierna el PSOE pues se reproduzcan casos de corrupción tan graves como los ERE en Andalucía o tan graves como el que ahora vemos, que ya no es el caso Koldo», pues «se eleva a más altas instancias del Gobierno de la Nación».
A la pregunta de si la Junta de Andalucía sabe con seguridad que la trama no ha tenido ningún contacto ni ha firmado ningún contrato durante la pandemia con la Administración autonómica, o si teme que esas ramificaciones del 'caso Koldo' puedan afectar a otras instituciones en Andalucía, Sanz ha pedido que «dejemos que la investigación judicial siga su curso», alegando que, «lógicamente, no contamos con la información de la que disponen los investigadores».
Según ha concluido, «los responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los jueces, en el ámbito de la actuación como policía judicial por parte de la UCO, pues tendrán todos los datos de los que, lógicamente, nosotros no disponemos».