Aragón y otras diez comunidades autónomas, todas ellas gobernadas por el Partido Popular, trabajan en la búsqueda de «planteamientos corales» que solucionen las reivindicaciones de los agricultores, ante las medidas «insuficientes» adoptadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el «galimatías» creado por la UE, que hace «la vida insoportable» a los profesionales del sector primario.
Así lo ha indicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper, en una rueda de prensa este lunes, en la que ha avanzado que durante la actual legislatura se producirán cambios «sustanciales» para «hacer la vida más fácil» a los agricultores y ganaderos, por ejemplo, en materia de burocracia.
Ha defendido la «legitimidad» de las organizaciones profesionales agrarias --Asaja, UAGA-COAG, ARAGA y UPA--, pero ha subrayado que desde el Departamento que lidera se escuchará «a todo el mundo», en referencia a los agricultores espontáneos que protagonizan algunas de las protestas y movilizaciones desde hace semanas en Aragón, entre otras comunidades autónomas.
Samper ha anunciado que «en breve» se mantendrá un encuentro con las organizaciones agrarias y se establecerá un calendario de trabajo con «todos» los colectivos, industrias, cooperativas, regantes y, «como no podía ser de otra manera, escucharemos también a los manifestantes».
Las once comunidades dirigidas por los 'populares' han firmado un documento en el que se comprometen a abordar «de raíz» el problema que hay encima de la mesa de forma conjunta, puesto que las directrices que se han trasladado desde el Ministerio de Agricultura, liderado por Luis Planas, «son del todo insuficientes».
Ángel Samper ha aclarado que el objetivo de «las once» es que las cuestiones que «ahogan» al sector agrario vayan más allá de una mera declaraciones de intenciones del Ministerio de Agricultura y la Unión Europea. «El problema es grave y viene sobrevenido de la responsabilidad mayor que tiene la UE, que nos ha metido en este galimatías, con menos presupuesto y muchas más obligaciones de todo tipo».
Unidad de acción
Asimismo, Samper ha indicado que la decisión de ir de forma conjunta con otras comunidades autónomas responde a la prevención: «No vamos a caer en la tentación de cambiar las cosas, ir más allá de lo que nos corresponde y que se sancione a propia región».
Del mismo modo, el responsable autonómico ha detallado que con la reunión entre las CCAA se pretende llegar a la próxima Conferencia Sectorial con un «planteamiento coral» que «ayude» al ministro Luis Planas «a presionar» en Bruselas, con una línea de actuación conjunta.
Ha advertido a los manifestantes espontáneos que no vayan «por libre», ya que esa no es la vía de reivindicación «más inteligente», sino la de la unión.
Ha adelantado que aunque se ha invitado a «todas» las comunidades autónomas a participar en la cita previa a la Sectorial, solo las once cuyos gobiernos están dirigidos por el PP, con o sin presencia de VOX, se han comprometido. En este sentido, Samper ha remarcado que desde su Departamento no se pretende «trabajar a la carta» con un color político u otro.
«La comunidad autónoma que no quiera adscribirse --al acuerdo-- será problema suyo, no porque no se le haya invitado», ha esgrimido. Las seis que todavía no han firmado el documento son Cataluña, País Vasco, Asturias, Canarias, Navarra y Castilla-La Mancha, «desgraciadamente, las que están adscritas a otro color político», ha comentado.
Seguros y pac
El consejero ha incidido en que una de las cuestiones que más preocupa en Aragón es la de los seguros agrarios, puesto que es la segunda comunidad autónoma que más aporta, después de Comunidad Valenciana, por lo que ha reclamado una «política específica y una apuesta clara», tal y como enunció el ministro Luis Planas.
Por otra parte, ha pedido «algo de raciocinio» a la Unión Europea para permitir que el agricultor sea el que decida, por ejemplo, cuándo labrar, en lugar de «hacerle la vida imposible» con la normativa sobre Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) de la Política Agraria Comunitaria (PAC), algo que, en su opinión, «la gente no sabe ni qué es».
Samper ha manifestado su acuerdo con que esté presente la prevención de la contaminación en las políticas del sector primario, pero no a costa de «leyes enrevesadas» y de la ausencia de «explicaciones razonables» ante determinadas exigencias, señalando como ejemplo la prohibición de realizar tratamientos agrícolas sobre las tierras en barbecho entre abril y junio.
En este punto, ha considerado que la BCAM ha «roto» el sistema tradicional del agricultor y del ganadero «sin ningún componente adicional de lógica que les haga la vida más fácil y no encarezca los productos en la cesta de la compra».
Ante esta situación, el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón ha insistido en que las «once» comunidades autónomas colaboran en un plan de trabajo coordinado, junto al sector, para plantear modificaciones al Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC), «incentivando la paz social».
Ley de la cadena y lrn
Acerca de la Ley de la Cadena, Samper ha abogado por «diálogo» antes que «sanciones», ya que desde el Ministerio se prevé elaborar un listado de «graves y muy graves», entre otras medidas para incrementar el control e inspección para reforzar la aplicación de esta norma.
«Hay que reunirse con el sector para explicarle cuál será el procedimiento a seguir para llegar a las sanciones, porque tampoco permitiremos que al consumidor le lleguen precios elevados», ha puntualizado, para añadir que el Ministerio es el que puede marcar precios «de referencia», mientras que los gobiernos autonómicos tienen capacidad para «tutelar» el seguimiento de contratos y acuerdos entre las partes para que los costes de producción se cubran.
En esta línea, ha animado al agricultor a «denunciar» ante «dislates» en la aplicación de la Ley de la Cadena, garantizando que desde el Departamento de Agricultura se «atenderá y dará seguimiento».
Ha calificado de «insulto tremendo» la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN), en el Parlamento Europeo, «en medio de las movilizaciones agrarias» y «se lo tienen que hacer mirar». Ha declarado su oposición a esta norma, «que es un insulto a nuestra inteligencia», puesto que no ayuda al agricultor ni al ganadero.