La catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, Carmen Bayod López, es la nueva presidenta de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil.
Tras su aprobación en Consejo de Gobierno, el Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado esta semana su nombramiento, así como la designación del hasta ahora presidente, Fernando García Vicente, como vocal honorario de la comisión, han informado desde el Gobierno de Aragón.
Bayod, la primera mujer en presidir esta comisión, es investigadora principal del grupo de referencia IDDA, reconocido y financiado por el Gobierno de Aragón. En 2016, el Gobierno de España la reconoció como experta internacional en materia de régimen económico matrimonial.
En 2022, fue nombrada vocal de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil y la Fundación Chesús Bernal le concedió el premio Aragón en Derechos Humanos por su trayectoria profesional en la investigación y divulgación del Derecho Civil aragonés.
Desde 2023 dirige la Cátedra de Derecho Civil y Foral en Aragón de la Universidad de Zaragoza, donde es miembro del Consejo de Gobierno y secretaria académica del Instituto de Investigación Universitario de Patrimonio y Humanidades, desde su creación hasta 2023.
Ha sido docente, ha publicado diversas obras científicas, de metodología y divulgación, trabaja en temas de derechos humanos y globalización y ha coordinado estudios de referencia, y también ha presentado ponencias en congresos, seminarios y jornadas.
Es miembro de consejos de redacción o de evaluación de revistas científicas y ha ejercido profesionalmente como abogada y como magistrada suplente en la Audiencia Provincial de Zaragoza, entre 2002 y 2004.
Comisión aragonesa de derecho civil
La Comisión Aragonesa de Derecho Civil es un órgano consultivo que tiene por objeto asesorar al Gobierno en materia de conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil aragonés como parte esencial del Derecho Foral de Aragón.
Sus funciones son informar los anteproyectos de ley de conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil aragonés, así como los de Derecho Procesal Civil derivado de las peculiaridades de aquel; elaborar los anteproyectos de ley sobre las citadas materias que el Gobierno de Aragón le encomiende; conocer y evaluar el grado de aplicación del Derecho civil aragonés y las nuevas demandas que se produzcan en su desarrollo, informando, en su caso, sobre la conveniencia de su modificación o desarrollo.
Asimismo, proponer al Gobierno de Aragón la adopción de cuantas medidas estime convenientes para la conservación, modificación o desarrollo del Derecho civil aragonés; emitir cuantos informes sean solicitados por los órganos competentes de la Diputación General de Aragón en materia de Derecho civil aragonés; y, en general, el asesoramiento, estudio y propuesta en materia de Derecho civil aragonés y especialidades procesales derivadas de aquel derecho sustantivo.
Recientemente, la Comisión Aragonesa de Derecho Civil entregó al Ejecutivo autonómico el anteproyecto para modificar el Código del Derecho Foral aragonés en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad, proyecto que fue aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido a las Cortes de Aragón, que lo ha calificado y publicado en el BOCA para su tramitación parlamentaria.
Una vez aprobado por el parlamento, Aragón se convertirá en la primera comunidad con competencias en materia de Derecho Foral que lleva a cabo la adaptación de su normativa a la Convención de Nueva York.