La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha comenzado este lunes el juicio promovido contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados 40.750.047,74 euros de subvenciones públicas.
En concreto, los investigados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Chapín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
Tiempo atrás, recordémoslo, el juez del Juzgado de Instrucción número nueve, Juan José Vélez, decretó el sobreseimiento de las actuaciones respecto al exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, dada su «situación de incapacidad sobrevenida», así como con relación a otras siete personas.
La vista ha comenzado con las cuestiones previas, que ha sido abierta por el abogado defensor Luis López de Castro en nombre de Federico Fresneda, quien ha manifestado que como la causa nace de «una documentación sustraída» e «ilícitamente obtenida» por el que fuera trabajador de UGT-A Roberto Alejandro Macías Chaves, --condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por filtrar a medios de comunicación «información reservada y sensible» del sindicato sobre estos hechos pero no a las autoridades policiales y judiciales--, ello deriva en «la nulidad» de todas las actuaciones de este proceso judicial.
Unas manos "no tan limpias"
A tal efecto, ha recordado la condena al extrabajador de UGT-A autor de las filtraciones «en connivencia con el sindicato Manos Limpias, que han resultado no ser tan limpias, y de los medios de comunicación» y, además, ha esgrimido jurisprudencia según la cual «las pruebas de origen ilícito han de ser descartadas», lo que en este caso, por efecto «dominó», deriva en la plena «nulidad» de lo actuado.
Roberto Alejandro Macías Chaves, según ha destacado el letrado, se hizo «ilícitamente» con documentación de UGT-A y la trasladó a los medios de comunicación, «no a la Fiscalía o al juzgado», «de mala fe, con máximo ánimo de venganza y odio».
Igualmente, este abogado defensor ha señalado el periodo durante el cual la causa fue indagada por la que fuese jueza del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, instructora inicial de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con cargo a los fondos autonómicos y las ayudas arbitrarias a empresas.
Considerando que dicha magistrada intentó «acaparar» las grandes causas relacionadas con la sociopolítica de Andalucía, este abogado defensor ha asegurado que la instrucción del asunto por parte de Mercedes Alaya fue «inquisitorial, desproporcionada, exagerada, viciada y bajo un secreto de sumario injustificado»; al mismo tiempo que continuaba un «juicio paralelo» en los medios de comunicación dejando a los acusados en una situación de plena «indefensión».
Una investigación "prácticamente ilimitada"
Se trató, según este letrado, de una investigación general y «prácticamente ilimitada» sobre el sindicato, con un secreto de sumario vigente «durante demasiado tiempo, desbordando todos los límites».
En ese marco, ha asegurado que los registros domiciliarios autorizados primero por Alaya y después por el juez de Instrucción número nueve en la sede de UGT-A, los domicilios de los encausados y las instalaciones de las empresas proveedoras carecían de «justificación suficiente» y de la necesaria audiencia al Ministerio Fiscal. Se trató, a su entender, de una medida «sin proporcionalidad», así como la intervención de los teléfonos móviles y la detención de los inculpados, al carecer de «motivación real».
También ha lamentado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se sirviese de tales actuaciones, para incluir en sus diligencias aspectos como «conversaciones» telefónicas entre él como abogado defensor y Fresneda como cliente; así como conversaciones telefónicas entre Francisco Fernández Sevilla y la también dirigente de UGT Andalucía Carmen Castilla, actual diputada del PSOE en el Congreso por Sevilla, manifestando esta última sus quejas con que le hubiesen comparado con la que fuese presidenta socialista de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, por lo «fea» que según sus palabras sería dicha dirigente del PSOE.
Una serie de conversaciones, según ha lamentado el abogado de Federico Fresneda, «aireadas en los medios de comunicación», insistiendo en que toda esta «instrucción inquisitorial» ha supuesto la «vulneración de derechos fundamentales», idea a la que se han adherido las defensas de la ex secretaria de Gestión Económica, María Chapín; y la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez.