Un testigo clave del juicio por la presunta caja B del PP de València, dentro del caso Imelsa, se ha desdicho de todo lo que declaró ante la Guardia Civil y en el juzgado y ha exonerado al exvicealcalde de la ciudad de València Alfonso Grau, en su día mano derecha de la exalcaldesa y exsenadora, Rita Barberá, de cualquier irregularidad.
Se trata de un exasesor de Grau que este miércoles ha declarado en calidad de testigo en el juicio que se sigue en la sección segunda de la Audiencia de Valencia contra Grau; la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento Mari Carmen García Fuster; el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas; y el exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón.
El exasesor de Grau y también extrabajador de Laterne --empresa que organizó la campaña electoral del PP en 2007-- declaró en 2016 ante la Guardia Civil y posteriormente en el juzgado que Grau le dio 350.000 euros para pagar facturas de la campaña y, sin embargo, hoy lo ha negado. En su día aludió a dinero en efectivo y a sobres pero en esta jornada se ha desdicho.
También hoy ha asegurado, pese a lo que dijo en instrucción, que no se cambiaron conceptos de facturas de empresas para pagar la campaña del PP y ha indicado que entregó una documentación en Fiscalía porque un hombre al que no ha identificado y del que ha dicho que se encontró en una calle poco transitada amenazó a sus hijos. Preguntado por sus contradicciones ha afirmado que en 2016 estaba con depresión, medicado y, además, presionado por la Guardia Civil.
La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular (Compromís) solicitan para Grau nueve años de prisión por un delito de malversación y otro de cohecho; cinco años para Salinas y Santón por malversación; y un año para García Fuster por cohecho.
Inicialmente en esta pieza había 49 personas acusadas contra las que se llegó a dictar auto de procesamiento y entre las que se encontraban el propio PP y concejales y asesores del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de la capital en la época de Barberá como alcaldesa por un delito de blanqueo en las elecciones municipales de 2015. Sin embargo, el procedimiento se archivó contra ellos y solo han quedado cuatro acusados.