La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reiterado que la cesión de competencias a Cataluña en materia de inmigración respetará «absolutamente» el marco de la Constitución española. A su vez, ha explicado que las conversaciones con el Gobierno Vasco para transferir a Euskadi las competencias sobre acogida de migrantes son «constantes» y que «indudablemente se encontrará un espacio» para el acuerdo.
Saiz, que este lunes ha visitado en Vitoria-Gasteiz un centro de inserción laboral, se ha referido al acuerdo alcanzado por el PSOE y Junts para ceder a Cataluña competencias relacionadas con la inmigración, así como a las conversaciones con el Ejecutivo Vasco para materializar la transferencia de las competencias sobre acogida de personas migrantes, de acuerdo al Estatuto de Gernika de 1979.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reconocido este lunes que su partido y el PSOE no pactaron el contenido de la futura ley orgánica que materializará esta cesión competencial, por lo que ahora será necesario negociar su alcance. En todo caso, Turul ha considerado que la posibilidad de que la Generalitat asumiera la gestión «integral» de las políticas migratorias sería «una decisión política de gran calado».
La ministra, a la que los periodistas han preguntado acerca de estas afirmaciones del dirigente de Junts, ha afirmado --en la misma línea que mantuvo la semana pasada tras anunciarse el pacto con la formación liderada por Carles Puigdemont-- que el Gobierno central siempre «se mueve en la seguridad jurídica y en un marco absolutamente constitucional».
«No hay ningún problema en abordar, en desarrollar, los estatutos de autonomía. Somos un Estado de las autonomías», ha afirmado. No obstante, ha reiterado que cualquier medida que se adopte se inscribirá en el «marco constitucional».
Ley orgánica
Además, ha recordado que, para llevar a la práctica esta cesión de competencias, es necesario redactar un texto y «consensuar y alcanzar acuerdos suficientes para una ley orgánica que detalle todas estas cuestiones».
«Ese es el ámbito donde se mueve el Gobierno de España», ha asegurado Elma Saiz, quien --en respuesta a si marcarán 'líneas rojas' a esta cesión-- ha insistido en que todo se hará «dentro de la Constitución y en el estricto marco constitucional». «Hay un camino que desarrollar a través de una ley orgánica, y buscaremos los consensos necesarios para sacar adelante esta y otras cuestiones», ha añadido.
La ministra también se ha referido al acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PNV para la transferencia a Euskadi de la competencia sobre la acogida e inclusión de personas migrantes, una materia recogida en el Estatuto de Autonomía de Euskadi de 1979 y que socialistas y 'jeltzales' pactaron el pasado noviembre traspasar a Euskadi en un plazo de tres meses.
Saiz ha explicado que el diálogo entre los Gobiernos central y vasco en torno a esta y otras materias «es una constante que no cesa». «Indudablemente, a través de las diferentes mesas de trabajo que se están impulsando, encontraremos el espacio, porque a través de ese diálogo haremos, desde luego, un mejor país y llegaremos al objetivo básico, que es dar el mejor servicio a la ciudadanía y, por supuesto, vertebrar, en general, el conjunto del país», ha añadido.
Visita
Saiz ha visitado, junto al viceconsejero vasco de Trabajo, Alfonso Gurpegui, y la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, el proyecto desarrollado en la capital alavesa para la inclusión laboral de personas que perciben el Ingreso Mínimo Vital y la Renta de Garantía de Ingresos.
Este proyecto de itinerarios de inclusión social-laboral está recogido en el marco del 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia' financiado por la Unión Europea a través de los fondos 'NextGenerationEU'.
En el caso de Euskadi y de acuerdo con el Ministerio, el programa
se abrió a la colaboración de todos los ayuntamientos que así lo quisiesen. En total, han sido 14 municipios con 15 proyectos los que, con un presupuesto de 5.780.722 euros, han ofrecido durante un año un itinerario de formación y contratación a 199 personas que recibían cualquiera de las prestaciones.
En paralelo, ha existido un grupo de control, con un número análogo de personas de similares características sociales pero sin la subvención, con el fin de constatar si la intervención pública resulta eficaz en la integración laboral. Ese estudio de eficacia está en fase de elaboración.
Acompañados por la alcaldesa, la ministra y la dirección del Departamento de Trabajo y de Lanbide han conocido el detalle de este programa europeo en la capital vasca, desarrollado en el Centro de Empleo y Formación Ignacio Ellacuría, en Vitoria-Gasteiz.
Allí, diez personas se han formado en fontanería y electricidad, así como en adquisición de competencias digitales, interpretación de
planos y seguridad en trabajos de altura. Esa formación ha permitido el acceso a trabajos que han permitido la mejora de locales municipales, y en dos de los casos, al ser mujeres, de acceso a empleo en sectores masculinizados.