El Consejo de Gobierno aborda este martes día 20 de noviembre, en su habitual reunión semanal, la aprobación del proyecto de decreto-ley por el que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género y se regula la prestación económica a los hijos menores de edad de mujeres fallecidas como consecuencia de violencia de género en la Andalucía
Así lo recoge los puntos del orden del día del consejo, consultado por Europa Press. Esta medida llega en la semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
En octubre, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciaba que el Presupuesto andaluz para 2024 incluiría una pensión de 5.000 euros anuales para huérfanos de mujeres víctimas de la violencia machista, «cosa que no se ha hecho en Andalucía y que ya era hora de hacer», según remarcaba.
Sobre el número de huérfanos que podrían acogerse a esta prestación, desde el Ejecutivo andaluz aclaraban que, desde el año 2013 --que es desde cuando se dispone de estadística de estos huérfanos-- en Andalucía hay contabilizados 86 huérfanos por violencia machista, si bien puede haber niños o niñas cuyas madres fueran asesinadas antes de ese año, siendo muy pequeños, y por tanto mantengan en 2024 su derecho a solicitar la prestación.
En relación a la violencia de género, la reunión del Ejecutivo andaluz también toma este martes conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre el seguimiento de los proyectos y programas en materia de salud financiados con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el año 2023, así como las principales actuaciones del Instituto andaluz de la Mujer en esta materia.
De otro lado, el orden del día del Consejo de Gobierno de este martes también recoge la autorización del nuevo grado de M edicina en la Universidad Loyola Andalucía, la propuesta de acuerdo por el que se insta a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo a iniciar los trámites para la supresión del servicio de las Residencias de Tiempo Libre de la Junta de Andalucía, así como la propuesta para tomar conocimiento de la concesión por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de ayudas por la paralización temporal de la actividad de la flota pesquera y marisquera con puerto base en Andalucía.