El Gobierno Vasco defenderá ante el Tribunal Constitucional su competencia sobre los procesos de estabilización de personal funcionario local con habilitación nacional, después de que el Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV) haya instado al TC a revisar la constitucionalidad de la actuación del Ejecutivo autonómico en este ámbito.
El Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno ha reiterado, a través de un comunicado, que seguirá adelante con los procesos selectivos para la estabilización de los secretarios, tesoreros e interventores municipales.
«Nada impide al Gobierno Vasco seguir adelante con los procesos de estabilización de puestos reservados a personal funcionario con habilitación nacional de las administraciones locales que actualmente se están desarrollando», ha afirmado.
El departamento ha subrayado que «tampoco» impide que pueda seguir adelante con dichos procesos el último auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, en el que se reclama al Tribunal Constitucional que revise la
constitucionalidad de las leyes que reconocen la competencia de las instituciones vascas para desarrollar procesos de selección y nombramiento de las y los secretarios, interventores y tesoreros municipales.
El Gobierno Vasco ha recordado que a instancias del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de la Administración Local, la sala del TSJPV ha trasladado esta cuestión al Constitucional, con el fin de que decida sobre la constitucionalidad de las dos leyes básicas que permiten a las instituciones vascas, en lugar de la Administración del Estado, desarrollar estos procesos.
Ley de presupuestos
Una de estas leyes es la Ley de Presupuestos del Estado para 2022, que actualizó la Ley de Bases de Régimen Local para otorgar a Euskadi la gestión de los funcionarios municipales con habilitación nacional. Esta norma está también recurrida ante el TC por el Partido
Popular y Vox, en el punto que establece que las facultades respecto a los funcionarios locales con habilitación nacional serán asumidas por Euskadi en los términos que establezca la normativa autonómica.
Por otra parte, también se ha recurrido la Ley 20/21 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo
público.
Ante esta nueva acción judicial, el Gobierno Vasco reitera que los procesos selectivos de estabilización «siguen su curso con normalidad» y defiende su competencia.
Asimismo, revalida su compromiso para acabar con la interinidad en la Administración y también su compromiso con el euskera, en concreto, en lo referido a la asignación del perfil lingüístico a cada puesto de trabajo que corresponde fijar a las propias entidades locales.