La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al presidente del Gobierno central en funciones, Pedro Sánchez, la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes para abordar en su seno el alcance y los efectos de los acuerdos adoptados con algunos partidos políticos para su investidura como la Ley de Amnistía.
El Consejo de Gobierno ha abordado este jueves la petición de la responsable regional «ante la preocupación e inquietud de la sociedad española y, particularmente de la sociedad madrileña, y a la vista de los acuerdos que se han adoptado con el objetivo» de ser investido como presidente del Gobierno, tal y como ha trasladado en la rueda de prensa posterior el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García.
Así, le pide a Sánchez «clarificar de forma inequívoca los efectos que tales compromisos políticos van a conllevar de manera evidente sobre los principios básicos que configuran el actual Estado de Derecho». Este miércoles Sánchez se enfrenta a la primera sesión del debate de su investidura que será aprobada, previsiblemente, este jueves con los votos del PSOE, Sumar los independentistas catalanes, los regionalistas vascos, el BNG y Coalición Canaria.
El acuerdo señala que «aspectos como la igualdad entre todos los españoles ante la ley, el principio de legalidad, separación de poderes y la seguridad jurídica, consagrados por la propia Constitución española como pilares que cimentan la convivencia en nuestro país, pueden verse seriamente comprometidos con trascendentales perjuicios para el conjunto de la Nación», ha asegurado la dirigente autonómica.
La «firme convicción de que pueden verse alteradas esas normas básicas de convivencia» es lo que ha motivado a Ayuso a solicitar esta convocatoria a Sánchez conforme al artículo 4.3 in fine de su Reglamento, para que «informe y dé traslado al conjunto de los presidentes autonómicos y, a través de ellos, a toda la ciudadanía española, sobre el alcance y los efectos que tendrán los contenidos y condiciones asumidos con el único objetivo de alcanzar esa investidura a un coste inasumible para la sociedad española».
«El Gobierno de la Comunidad de Madrid se manifiesta de forma inequívoca en defensa de la igualdad de trato a los ciudadanos, con independencia del territorio en el que residan, y defiende el justo y equitativo trato que ha de esperarse por parte un Gobierno de España actuando en todo momento conforme a nuestro ordenamiento, sin violentar la imprescindible separación de poderes que rige nuestro Estado de Derecho», ha destacado.
El documento del Consejo de Gobierno sostiene que la sociedad madrileña «requiere en todo momento actuaciones que aseguren la defensa de sus derechos y legítimas aspiraciones». «Resulta una obligación ética y política reclamar ese justo trato, que no puede verse comprometido por la asunción de compromisos incompatibles con el interés general, y en particular con el de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid», ha añadido.
Al menos diez comunidades autónomas gobernadas por el PP, además de Canarias, han solicitado formalmente al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para hablar sobre sus acuerdos de investidura con ERC y Junts, que, entre otras cosas, incluyen la ley de amnistía y condonación de deuda.
Se trata de una petición oficial que ya han elevado estos Ejecutivos autonómicos al Gobierno central. En el Reglamento de la Conferencia de Presidentes, se especifica que las comunidades pueden solicitar formalmente una reunión de este foro multilateral cuando se junten al menos diez --como en este caso--, aunque la última palabra corresponde a Sánchez.
En cualquier caso, La Rioja, Extremadura, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Cantabria, Baleares, Murcia, Andalucía, Castilla y León y Canarias, ya han anunciado que han remitido al Gobierno de Sánchez la solicitud de esta Conferencia de Presidentes para hablar sobre los acuerdos de investidura.
La Conferencia de Presidentes se configura como el órgano de máximo nivel político de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, y ocupa la cúspide del conjunto de órganos de cooperación multilateral. Está formada por el presidente del Gobierno, que la preside, y por los presidentes de las 17 comunidades autónomas y de las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.