La Audiencia Provincial de Almería acoge este martes un juicio contra 20 personas acusadas de pertenecer o estar ligadas a un grupo criminal dedicado al tráfico de hachís y marihuana, principalmente, que operaba en las costas de Cádiz, Málaga y Almería; lugar donde se almacenaba el estupefaciente para después trasladar parte de la mercancía a distintos municipios de Cataluña entre finales de 2021 y principios de 2022.
El Ministerio Público acusa a 15 de los investigados de pertenecer a una organización criminal estructurada y jerarquizada que, conforme al escrito de acusación provisional consultado por Europa Press, se habría dedicado a recoger en alta mar o por carretera grandes cantidades de estupefaciente para posteriormente almacenarlas en distintos puntos del Poniente almeriense antes de proceder a su venta al menudeo y al por mayor.
La Fiscalía sostiene que el grueso de los acusados operaban de forma «estable» y jerarquizada para la adquisición, almacenaje, distribución y venta de estupefacientes con un «fuerte y prolongado vínculo de confianza» entre ellos, ya fuera por parentesco o por amistad, de modo que era «constantes y fluidas las comunicaciones» para el desarrollo de sus operaciones destinadas al tráfico de resina de cannabis, marihuana, cocaína o MDMA, especialmente entre una docena de ellos.
En base a las investigaciones realizadas, los acusados habrían optado en un primer momento por el transporte marítimo del hachís, para lo que habrían adquirido embarcaciones para recoger el estupefaciente en alta mar, desde donde era transportada hasta la costa almeriense para ser escondida y luego distribuida a otros intermediarios o consumidores. Posteriormente, habrían cambiado su 'modus operandi' para realizar los transportes por carretera, especialmente hacia Terrasa (Barcelona).
La trama identifica a M.E.F.C., para quien solicitan 12 años de prisión, como el 'cabecilla' del grupo, a quien se atribuye la toma de decisiones al situar el «centro de operaciones» en su vivienda de Vícar, donde también se localizaron cultivos de marihuana que habría sostenido con su hijo, a quien además se atribuye labores de transporte y distribución de la droga junto con un acusado más.
También destaca dentro de la jerarquía de la organización, al otorgarle «decisiones de mando», el acusado F.L.P.J., propietario de una de las embarcaciones supuestamente implicadas en el transporte de droga con otros acusados para el que la Fiscalía pide diez años de cárcel.
A partir de ahí, la acusación establece conexiones directas entre el resto de supuestos colaboradores que se habrían dedicado a realizar labores de vigilancia o cobertura, propiciando para ello diferentes vehículos, incluidas dos embarcaciones con las que recoger el estupefaciente por vía marítima; de almacenaje en distintos emplazamientos de Vícar, La Mojonera y El Ejido; o de venta «al por menor».
En este sentido, el Ministerio Público señala un operativo presuntamente participado por los acusados frente a las costas de Adra para la recogida de estupefaciente en alta mar a bordo de embarcaciones propiedad de varios de ellos, una de las cuales se vio implicada en una persecución policial por parte de las fuerzas aéreas de Vigilancia Aduanera el 5 de noviembre de 2021 sin que llegaran a ser arrestados, aunque sí identificados.
Del mismo modo, señala otra operación efectuada el 11 de enero del pasado año, cuando se desembarcó en la playa de La Alcazaba de Adra un alijo con la participación de seis personas, de modo que se llegaron a intervenir 24 fardos con 720 kilos de hachís en el interior de una furgoneta; mercancía valorada en más de 1,4 millones de euros.
A raíz de estos episodios de tráfico de estupefacientes en el mar, la Fiscalía pide cinco años y medio de prisión a seis de los implicados en el transporte, descarga y carga de la mercancía así como por proporcionar las embarcaciones destinadas a la ilícita actividad por un delito contra la salud pública, con un año y medio de cárcel más para algunos de ellos por supuestamente integrar la organización criminal.
Fue en torno a estas fechas cuando la red se reorganizó y pasó a efectuar el transporte de droga por carretera «con numerosos viajes» para recoger el estupefaciente en las provincias de Cádiz y Málaga y esconderlo en 'guarderías' hasta que se conseguía vender «al por menor» en Almería o «al por mayor» en Cataluña, según el escrito de la fiscal.
Los investigadores constataron la realización de al menos cuatro portes de drogas entre Barbate (Cádiz) o San Pedro de Alcántar (Málaga), Almería y Terrasa (Barcelona) y Els Garrofers (Tarragona) entre finales de diciembre de 2021 y mediados de febrero del mismo año a bordo de diferentes vehículos que fueron intervenidos.
Durante la explotación de la operación se ejecutaron distintos registros domiciliarios en Vícar, Roquetas de Mar, La Mojonera y El Ejido donde se intervinieron diferentes cantidades de drogas, armas, teléfonos, dinero en efectivo y útiles para el cultivo. En total, fueron más de 32 kilos de marihuana lo que se hallaron en estos registros, así como otras cantidades más pequeñas de éxtasis, cocaína y anfetaminas.
Los registros se extendieron incluso a un taller mecánico cuyas instalaciones fueron alquilados por los miembros de la organización a uno de los colaboradores, que aprovechaba la apariencia de normalidad del negocio para efectuar la venta de drogas, de acuerdo con la acusación. Para él se solicitan cuatro años de cárcel acusado de realizar su actividad en un establecimiento abierto al público.
La vista oral, prevista a lo largo de cinco sesiones durante el mes de octubre, arranca este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería.