El Pleno del Parlamento acordará el jueves instar a la Junta a que, a la mayor brevedad, apruebe y ponga en marcha el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas.
Así se recoge en una proposición no de ley del Grupo del PP-A, que saldrá adelante en virtud de la mayoría absoluta que ostenta en la Cámara.
En la iniciativa, se plantea que el Parlamento apoye al acuerdo unánime alcanzado en el seno del Consejo Andaluz de Universidades al modelo de financiación para el periodo comprendido entre 2023-2027, al establecer, a través de contratos programa, fondos estratégicos para la mejora de los resultados docentes, de investigación, de transferencia de conocimiento o de internacionalización, y para el fomento de otras acciones en áreas como el emprendimiento, el apoyo al estudiantado, la cultura o el deporte.
También se plantea en la proposición no de ley que la Junta inste al Gobierno de España a que transfiera a las comunidades el coste que supone la aplicación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario.
En la exposición de motivos de la iniciativa del PP-A, se recoge que el pasado día 26 de julio, el Consejo Andaluz de Universidades dio el visto bueno por unanimidad al nuevo modelo de financiación del sistema público universitario, un instrumento financiero que pretende conseguir una «asignación equitativa de recursos a las instituciones académicas con el objetivo de garantizar su suficiencia financiera y darles certidumbre».
«Este nuevo modelo, que comprenderá el periodo 2023-2027, no sólo acaba con décadas de dejadez con nuestras universidades, sino que establece un modelo que se ajustará a la coyuntura económica nacional e internacional», según el PP-A, que añade que se trata de un nuevo sistema de distribución de los fondos que a todas luces será el instrumento con el que poder incrementar la competitividad de todo el sistema público andaluz frente a las instituciones del entorno nacional, europeo e internacional, mejorando su capacidad para atraer el talento y aportar retornos al territorio en el que se ubican.
«Este nuevo sistema permitirá a las instituciones contar con los recursos necesarios para cubrir todos los costes salariales, de funcionamiento y de mantenimiento», según el Grupo Popular.
Asimismo, se señala que la Ley Orgánica del Sistema Universitario compromete a que las comunidades autónomas tengan que aportar unas cantidades extraordinarias al sistema universitario que se reciben del Gobierno central.