La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marta Aparicio, ha criticado al gobierno de la ciudad por las «infradotaciones culpables» en el presupuesto de 2023 con el objetivo de «maquillar deliberadamente» las cuentas para presentarlas como «expansivas, inversoras y transformadoras, pero, al final, hay inejecución de muchas partidas» y se hace necesario modificar otras para incrementar su dotación y «atender obligaciones legales».
En rueda de prensa, Aparicio se ha referido así a las modificaciones presupuestarias aprobadas el pasado 28 de julio por parte del Gobierno de Zaragoza, casi con «agosticidad», y que reflejan que los presupuestos aprobados inicialmente «son mentira» y que el equipo de gobierno «presenta proyectos que no tiene intención de llevar a cabo».
A su entender, esto refleja que éste es un gobierno «ineficaz, incapaz de ejecutar su propio presupuesto, que intenta maquillar unas cuentas que sabe que no son ciertas a tres meses de las elecciones», para luego modificarlo y actuar de forma «poco transparente».
La concejal socialista se ha referido a algunas de las partidas en las que ha sido preciso incrementar el presupuesto con la modificación del pasado 28 de julio, como la que tiene que ver «con el suministro del agua, que asciende a 2,5 millones de euros», lo que supone una «infradotación superior al 25%, que ahora hay que detraer de otras partidas que afectan, por ejemplo, al mantenimiento de la red de aguas, a los puentes y a otras obras que entendemos totalmente necesarias».
Aparicio ha detallado que en el expediente se justifica esta modificación mencionado cuestiones «que eran absolutamente previsibles», como el incremento de tarifas derivadas del convenio con ACUAES, así como el coste de la energía, de los suministros y de los intereses bancarios o incluso se esgrime la sequía.
«Estos factores no son en absoluto sobrevenidos del mes de julio, sino que eran perfectamente conocidos en el momento de elaborarse el presupuesto», ha incidido Aparicio.
Además, ha apuntado que en este caso concreto «esta infradotación no es nueva porque ya en el presupuesto de 2022 los técnicos municipales plantearon una previsión de gasto en energía de 40 millones» y «el gobierno lo presupuestó en 23, obligando a realizar varias modificaciones de crédito».
Otras modificaciones
La concejal socialista ha expuesto otras modificaciones de crédito aprobadas la semana pasada, como la destinada a la limpieza de los colegios, que crece en 750.000 euros y que si bien, «a priori, podríamos entender que es buena modificación» y que el gobierno «se preocupa por la limpieza de los colegios y el bienestar de niños y profesores», «la realidad es que en 2017 se redactan unos pliegos que no se adjudicaron hasta el año 2021» y que han entrado en vigor en 2022 y durante esos cuatro años «se han ido incorporando nuevos colegios y hay muchas más horas de trabajo de las que en su momento se licitaron».
Además, ha advertido de que no se han tenido en cuenta «a dos colegios que tendrán que incorporar cuando empiece el curso escolar en el mes de septiembre», una «infradotación culpable» que se deriva de una «incapacidad del gobierno de sacar un contrato durante más de cuatro años».
Aparicio ha dicho que otra de las modificaciones tiene que ver sobre el impuesto especial de depósito de residuos en vertederos, si bien la ley que lo crea «se aprobó en abril de 2022» por lo que hubo tiempo de incluirlo en los presupuestos en el momento de su elaboración.
La concejal socialista ha comentado que estos cambios han supuesto reducir o «aniquilar» partidas de Acción Social, como ha ocurrido con el Plan Municipal de Adicciones, el programa de ayudas a la mujer embarazada, «por cierto, fruto de una enmienda de VOX», y ha implicado reducir la dotación para la tarjeta bus para mayores, así como para la teleasistencia «o cargarse las ayudas en gastos para vivienda».
Asimismo, ha mencionado otras partidas afectadas en el área de infraestructuras, como el plan de renovación de avenidas y el de plazas, «que nos lo presentaron tres meses antes de las elecciones a bombo y platillo», y también se ven afectadas las obras de renovación viaria o el plan de adecuación de puentes.
Comercio local
Aparicio ha abundado al señalar que si el gobierno, hace unos días, «hacía una rueda de prensa hablando de cómo se preocupaba por el comercio», con estas modificaciones ha recordado en 600.000 euros «las inversiones que tienen que ver con el plan local de comercio».
Todo esto demuestra, a su juicio, que al gobierno municipal «no le importan los ciudadanos porque lo primero que empiezan a recortar es el gasto social», mientras aprueba la prórroga del contrato de autobuses, algo «escandaloso».
También ha criticado al equipo de gobierno por «no ejercer sus competencias» después de que una sentencia condene al Ayuntamiento de Zaragoza a pagar a FCC casi medio millón de euros en concepto de intereses de demora, ha contado.
«El grupo municipal socialista nunca va a criticar a un gobierno o al ayuntamiento porque le condenen en sede judicial por defender los intereses de la ciudad; estas cosas nos pasan a todos», pero, en este caso, «lo que hizo el Consistorio fue gestionar mediante el procedimiento del silencio administrativo» ya que desde el 2016 se retrasó en el pago de 34 de las 56 facturas adeudadas FCC por reconocimientos de obligaciones de Parques y Jardines y cuando la empresa reclamó las facturas y pidió intereses de demora, el Ayuntamiento no contestó, ha relatado.
A consecuencia de esto, ha continuado Aparicio, «vamos a regalar a FCC medio millón de euros de los ciudadanos en concepto de intereses de demora». La concejal socialista ha concluido que todo esto refleja la manera de gobernar de la alcaldesa Natalia Chueca, que supone «dejadez, mala gestión, mentiras y oscurantismo», «que es lo que nos espera durante los próximos cuatro años», ha lamentado.
"trabas" a entidades vecinales y sociales
Por otra parte, la concejal se ha referido a que desde las Juntas de Distrito que presiden los socialistas han tenido conocimiento de que se están poniendo «trabas» por parte del gobierno a la hora de conceder las subvenciones a entidades vecinales y sociales.
Según ha especificado, se trata de las ayudas «que se vehiculizan a través de las Juntas de Distrito» y que tras introducir este año una modificación en las bases para fijar un importe máximo a la solicitud de las subvenciones y puesto que algunas entidades, «por error, no hayan atendido este nuevo requisito, y a pesar de haberlo rectificado por el derecho que les corresponde, el Gobierno está rechazando esas rectificaciones y va a denegar las subvenciones».
Aparicio ha criticado a un gobierno «que es capaz de encontrar argucias legales para prorrogar el contrato del autobús y entregarle nada más y nada menos que 250 millones de euros a Avanza», pero que es «incapaz de facilitar y de garantizar los derechos que asisten a las entidades, comprometiendo, además, el futuro de sus actividades en los barrios».
Para el PSOE, «esto no es una cuestión técnica, es una cuestión política, que demuestra el talante autoritario y reaccionario del Gobierno del Partido Popular».
Ha anunciado que su grupo va a exigirle "que rectifique y que garantice el acceso a estas subvenciones a las entidades sociales y vecinales y que les reconozca el derecho de subsanación y, en caso contrario, también les digo que pediremos responsabilidades por parte del consejero de Participación.