El portavoz del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha remitido una carta a la alcaldesa, Natalia Chueca, en la que le pide que cumpla la doctrina del Tribunal Supremo dictada en la Sentencia 1163/2020, en al que se recoge que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y enparticular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos.
Esta incompatibilidad se da aún cuando las banderas que se coloquen no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas, en referencia, aunque no sólo, a la bandera LGTBI que tradicionalmente se viene colocando en la fachada del Ayuntamiento.
En la carta, el portavoz de VOX le pide a Chueca que «respete» la neutralidad de las Administraciones Públicas mediante la no utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales o pancarta reivindicativas en el exterior de los edificios y espacios públicos.
Así, le insta a no utilizar dicha simbología en el espacio público de titularidad municipal y de uso común, en cualquiera de sus formatos --pancartas, pintura o luces-- en aras a los principios de objetividad y neutralidad institucional, y que únicamente sean utilizados aquellos símbolos oficiales que representan a la totalidad de la ciudadanía.
Aunque el Ayuntamiento ha decidido sustituir la bandera LGTBI por una pancarta, esa simbología constituye una reivindicación «excluyente y colectivista, y dicha exhibición supone una privatización del espacio público de uso común», ha incidido VOX.
La colocación de estos símbolos supone una acción «excluyente y electoralista», que «vulnera» los principios de objetividad y neutralidad institucional, tal y como se ha determinado en sentencias al respecto --STSJ de Cataluña Sala de lo Contencioso Administrativo 579/2018--.
Dialéctica perversa
Además, ha puntualizado se reivindican derechos ya conseguidos y vigentes, que «no pueden ser distintos, ni mejores, ni superiores a los que disfrutan todos los españoles como consecuencia precisamente de su ciudadanía española, única fuente de derechos en nuestro ordenamiento jurídico».
En su escrito, VOX le indica a Chueca que la enseña nacional, que ondea a la entrada de cualquier edificio público, tal y como establece el artículo 4.1 de la Constitución, representa a la comunidad nacional y la igualdad entre todos los españoles sin distinción por sexo, raza, religión, opinión política u orientación sexual. Contra estos valores de concordia e igualdad entre españoles, «ciertos partidos, lobbies e instituciones tratan de imponer una división artificial de la sociedad en colectivos con necesidades y problemas excluyentes, a los que victimizan para después erigirse como sus defensores frente a una supuesta mayoría opresora».
Esta dialéctica «perversa», que pretende instaurar el enfrentamiento entre compatriotas según su sexo, su orientación sexual o el territorio en el que vivan, lleva a la creación de símbolos con el objetivo de lanzarlos como arma arrojadiza contra otros, ha criticado VOX.
Tras dejar claro que la bandera LGTBI «carece» de reconocimiento legal válido como símbolo oficial en ninguna administración territorial y es un símbolo «parcial y electoralista» ha apostillado que «eso mismo es válido» para la pancarta con la que se sustituye. En este caso, ni siquiera representa a las personas homosexuales, muchas de ellas «rechazan ser colectivizados y utilizados como arma política y reivindican que los poderes públicos aborden sus verdaderos problemas, que normalmente comparten con el resto de sus conciudadanos sin importar su orientación sexual».
El portavoz de VOX ha manifestado que no se trata de una cuestión de interés general para los vecinos, porque sus celebraciones nada tienen que ver con los derechos de los homosexuales, sino con un «puñado de lobbies y grupos de presión que buscan ganar poder y recibir subvenciones a costa del enfrentamiento social». En todos los partidos políticos, ha asegurado, hay gente de distintas tendencias sexuales, homosexuales o heterosexuales. Pero la condición sexual «no debería tener ninguna relación ni condicionar la toma de decisiones políticas», ha concluido.