Los responsables de los colegios de economistas de la Comunitat Valenciana han pedido que el nuevo Consell aplique medidas de «contención de gasto público y eficiencia», «más allá de evitar la espiral de recaudación».
Así lo han indicado durante la presentación de la encuesta 'Los economistas opinan', en la que han participado el presidente del Consejo General de Economistas de la Comunitat Valenciana (CGECV) y Decano del Colegio de Economistas de Castellón, Jaime Querol; el vicepresidente del CGE-CV y decano presidente del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, y el secretario del CGE-CV y vicedecano del Colegio de Economistas de Valencia, Alfredo Hernández.
Si bien la encuesta se realizó antes de los resultados electorales del 28 de mayo, a preguntas de los medios sobre cómo afectará el cambio de gobierno autonómico a la economía valenciana, Querol ha expuesto que el estudio refleja que «los economistas están apostando por una contención de gasto y eficiencia en el gasto público», por lo que «si el próximo gobierno toma estas medidas debe ser bien recibido por los economistas y la economía en general, tanto la valenciana como española».
El presidente del CGECV ha indicado que «el colectivo de economistas estará atento» a los cambios normativos que se produzcan. Además, los responsables de los órganos colegiales han valorado positivamente que se haya alcanzado un acuerdo de gobernabilidad porque «la estabilidad siempre es buena para la economía».
Alfredo Hernández ha señalado que el PP destacó en campaña la reducción de las cargas impositivas. «Puede ser positivo racionalizar el gasto público más allá de evitar esta espiral de recaudación, porque llega un momento en que no se puede recaudar más», ha opinado.
La economía valenciana obtiene el aprobado
La encuesta 'Los economistas opinan', que en su 31 edición ha contado con la participación de 748 colegiados, aprueba con una nota media de 5,26 la situación económica de la Comunitat Valenciana.
Jaime Querol ha explicado que, en términos generales, la percepción sobre la situación actual de la economía valenciana es «positiva pero podría ser mejor», y que la economía española obtiene «ligeramente menos valoración».
En la parte estable de la encuesta, según ha expuesto Francisco Menargues, el 40,3% de los economistas califican de 'buena' la situación económica de la Comunitat Valenciana, el 24,1% la ven 'mala', el 6,9% la consideran 'muy buena' y el 23% 'regular'.
Además, el 41,7% de los economistas consideran que la situación de la economía valenciana es peor que hace un año, especialmente para la generación millenial y la provincia de Castellón. Para el 35,30% la situación es igual que hace un año y para el 22,5% es mejor.
En cuanto a la economía española, para el 38,8% la situación es 'buena', para el 25,7% es 'mala', para el 24,3% es regular, para el 7% es 'muy mala' y para el 4,2% es 'muy buena'. La nota media es de un 5,014. «También aprueba, no es una situación mala pero tampoco es buena», ha indicado Menargues.
La mayoría cree que la economía mejorará
Las perspectivas para los próximos meses son positivas para la economía valenciana, que obtiene una nota media de 5,21 puntos, y la española tiene una media de 4,94 puntos. Así, el 35,2% de los economistas cree que la economía valenciana irá 'mejor' en los próximos meses, el 23,6% prevé que siga 'igual' y el 26,1% espera un empeoramiento.
Un 34,1% de los colegiados consideran que la economía de España irá a mejor, un 22, 7% considera que continuará exactamente igual y un 28,1% que estará peor.
La inflación, el principal problema
La encuesta refleja que, en opinión de los economistas, los tres principales problemas económicos de la Comunitat Valenciana son la inflación, que preocupa a un 70,7% de los colegiados, la inadecuada dimensión de las empresas valencianas (41,9%) y los costes laborales (31,6%).
Al preguntar a los encuestados si quieren destacar otros problemas más allá de los propuestos en el cuestionario, solo el 13,14% ha enumerado otras cuestiones y las preocupaciones más señalas han sido el «despilfarro público», «la excesiva burocracia y regulación» y «malos servicios esenciales».
En la parte variable sobre temas de la actualidad, según ha detallado Alfredo Hernández, ante la pregunta de cómo ajustar el déficit público, una «abrumadora mayoría» de economistas consultados, un 60,9%, abogan por una reducción de gastos, frente a un 6,7% que aboga por el incremento de los ingresos. No obstante, un 34,4% considera que la solución a la situación actual pasa por adoptar ambas medidas. Hernández ha puesto el foco en que en los últimos seis años el déficit ha «crecido incesantemente» hasta los 31.500 millones de euros per cápita en 2022.
El 61,60% ve negativa la gestión de fondos europeos
Asimismo, se ha preguntado a los economistas sobre la facilidad de tramitación y obtención de los fondos Next Generation. Para el 27,1% es regular, un 18,1% considera que es negativa y un 16,4% pésima, lo que conforma una mala opinión global que alcanza al 61,60% de los colegiados.
En este punto, Hernández ha destacado que el 19,1% no ha querido emitir una opinión sobre los fondos europeos, y ha planteado que puede ser «desconocimiento o no tener una suficiente información». También ha incidido en que la opinión de la generación millenial, que está más en contacto con las tecnologías, es peor que entre el resto de economistas. «Que no tenga una buena valoración por aquellos que son el futuro de la tecnología debe llamar la atención», ha advertido.
A preguntas de los medios, los responsables de los colegios de economistas han lamentado que ha habido un «problema de transmisión de información» al ciudadano y han lamentado que «parece» que al tejido de pymes «se le olvida en estos planes», cuando es el de mayor peso en la Comunitat, y tiene «verdaderas dificultades para acceder a los fondos».
Frente al planteamiento de si la nueva Ley de Pensiones corregirá el problema del déficit y sostenibilidad del sistema de las pensiones, un 58,4% considera que no corregirá nada y en poco tiempo será necesario adoptar medidas más contundentes y un 38,9% considera que sólo se corregirá parcialmente por lo que el sistema continuará requiriendo cobertura de los Presupuestos Generales del Estado.
También se ha preguntado por las medidas de control implantadas para el otorgamiento de prestaciones por incapacidad laboral: un 61% de colegiados considera que los controles no son adecuados y un 32% cree que sí pero que deberían incrementarse las medidas de control para evitar un posible fraude.