El Juzgado Penal 1 de Sabadell (Barcelona) ha condenado a cuatro meses de inhabilitación por desobediencia el 1-O al exalcalde de la ciudad Maties Serracant, de Crida per Sabadell, alianza de partidos de izquierdas, entre ellos la CUP, a la que no estaba afiliado.
La sentencia, consultada este martes por Europa Press, también impone a Serracant --que era alcalde durante el 1-O-- una multa de 1.800 euros por un delito de desobediencia grave atenuando por dilaciones indebidas, es decir, porque el procedimiento se ha alargado en el tiempo por causas ajenas a él.
En su juicio el 26 de abril, Serracant declaró que impedir la votación como ordenó el Tribunal Constitucional (TC) estaba «más allá» de sus capacidades como alcalde.
Sin embargo, la sentencia recuerda que el TC suspendió la Ley del referéndum que había aprobado el Parlament con vistas al 1-O, así como dos decretos del Govern relacionados también con la votación.
Añade que esta suspensión fue «noticiada personalmente» a Serracant en su calidad de alcalde, tanto por correo electrónico como por carta certificada a través de la Delegación del Gobierno.
Recuerda que el 6 de septiembre de 2017 Presidencia y Vicepresidencia de la Generalitat enviaron una carta a todos los alcaldes catalanes, entre ellos Serracant, «en la que comunicaban que los Ayuntamientos debían poner a disposición de la administración electoral del Govern de la Generalitat los locales de titularidad municipal que habitualmente se venían utilizando como centros de votación en los procesos electorales legítimamente convocados».
También la Associació de Municipis per la Independència (AMI) envió un mail a varios alcaldes, entre ellos Serracant, que pedía confirmar si puntos de votación para el 1-O serían los colegios electorales habituales.
Decreto de competencias en escuelas
Como respuesta, Serracant dictó un decreto en el que mostraba su apoyo al 1-O, y la jueza remarca que lo hizo a pesar de que había recibido instrucciones del TC para «impedir o paralizar» cualquier iniciativa que supusiera eludir la prohibición al referéndum.
Añade que Serracant no anuló ese decreto y, «conocedor de las posibles responsabilidades penales que se derivarían del posible uso de los locales municipales para votar» y con la intención de desoír al TC, dictó otro decreto con el que centralizó en él las competencias de los concejales sobre autorización de uso de centros docentes, equipamientos culturales y otras instalaciones municipales para eximir de responsabilidad a los ediles al usar estos espacios para el 1-O.
Sobre este decreto, en el juicio Serracant contó que lo firmó tres días antes del 1-O, que se otorgaba competencias normalmente cedidas a un teniente de alcalde y que lo hizo «para mayor facilidad de gestión y para mayor seguridad jurídica» del resto del consistorio.