La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha programado para el día 29 de mayo el desembalse del río Agrio, que discurre por el Vado de Quema, paso obligado para más de 60 corporaciones que peregrinan hacia la aldea almonteña de El Rocío, «atendiendo así la petición formulada por los regantes», según confirman fuentes del organismo estatal a Europa Press.
Los regantes han solicitado a las Confederación que el desembalse ordinario de 2,35 hectómetros cúbicos de agua aprobado y previsto para este mes de mayo se haga después de la Romería del Rocío, tal como ha avanzado este lunes la cadena SER. Según la propuesta, el trasvase de agua «tardaría unos cuatro días y medio en materializarse, tras el paso de las hermandades en el camino de vuelta».
Entre los motivos esgrimidos para ello, estaría el elevado caudal de agua que se generará en un corto espacio de tiempo en el vado, «lo que podría generar una situación de inseguridad para los peregrinos».
Las hermandades del Rocío de Sevilla capital habían asumido ya que no habría agua en el Quema, después de que se hubiera barajado días atrás la posibilidad de hacer coincidir el desembalse del río con el discurrir de los rocieros; y ello, tras recibir la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir una petición de la Delegación del Gobierno, en el marco del Plan Romero.
Las hermandades entendían y entienden que, dada la situación actual de sequía y el «grave problema que todos padecemos», no se lleve a cabo el desembalse «exprofeso» por el paso de los rocieros.
Este asunto había generado cierta polémica entre los gobiernos central y autonómico. Así, mientras la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se mostraba «sorprendida» de que la Junta de Andalucía quisiera ponerse «una medalla» en la petición de desembalse de agua para que los rocieros cruzaran el vado y señalaba que «no es un buen año para que se pronuncie así», la Junta, por medio de su presidente, Juanma Moreno, aseguraba que era una decisión que tenía que tomar la autoridad competente, que es la CHG, que es quien «debe estudiar y valorar si es oportuno o no».