La portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, ha calificado este miércoles como «un gravísimo caso de corrupción sanitaria» que el Gobierno andaluz hubiese decidido prorrogar contratos sanitarios al calor de una normativa estatal derogada, que se hizo para afrontar la emergencia de la pandemia de coronavirus, por cuanto ha sostenido que con esa práctica «este Gobierno llenaba los bolsillos de otros con el dinero de todos» y colegir de este episodio que «los amigos de Juanma no lloran, facturan».
Férriz ha planteado en rueda de prensa «la responsabilidad política» del Gobierno andaluz en este caso de aparente mal uso de la legislación contractual para seguidamente abrir la puerta a «veremos si tiene judiciales».
Aunque Férriz ha llegado a hablar de «menoscabo intencionado de dinero público» por esa práctica continuada con contratos sanitarios, con el emblema que ha aportado de un contrato en el Área de Digestivo que comenzó con una cuantía de 50.000 euros y que sucesivamente se prorrogó por 800.000 euros, 1,5 millones y 3 millones, este partido es cauteloso antes de hablar de figuras delictivas concretas a raíz de esa contratación continuada con una norma derogada y ha puesto antes el foco, de acudir a la vía jurídica con la información que pretende recabar del Gobierno andaluz, en dirimir responsabilidades en el orden contencioso-administrativo antes que en la vía penal.
«Lo primero es dar la información y si hay infracción contencioso-administrativa, vamos a ir a la justicia», ha indicado en este sentido, quien ha recordado que su partido pidió una comisión de investigación sobre las contrataciones exprés «que tumbó la derecha».
«Al presidente de la Junta se le ha acabado el chollo de beneficiar a sus amigos de la sanidad privada con dinero público, le hemos cerrado el grifo», ha afirmado la portavoz parlamentaria socialista, quien ha esgrimido como una bandera de oposición de su partido ese modelo de contratación «no solo en Salud» y ha considerado que «no es algo puntual» y sí supone «un modus operandi del Gobierno de Moreno Bonilla, de Juanma, es marca de la casa», para trazar paralelismos con el Gobierno de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, donde ha apuntado una apertura de investigación de la Fiscalía sobre adjudicación de contratos.
«La realidad es que hay 243 millones de euros dados a dedo a amigos de Moreno Bonilla mientras desmantelaba la sanidad pública», ha dicho.
La portavoz socialista, tras apuntar que «lo admite el propio Gobierno andaluz que viene contratando desde hace dos años de forma irregular», ha detallado la batería de iniciativas parlamentarias que va a plantear su grupo para recabar información, entre otros aspectos, como: los expedientes completos de adjudicaciones a empresas sanitarias de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022; la copia de los informes técnicos de valoración de las empresas adjudicatarias; facturas; los centros donde se han realizado las pruebas y las intervenciones quirúrgicas; las copias de las comunicaciones de las empresas al Servicio Andaluz de Salud (SAS); las copias de los expedientes de modificaciones y generaciones de créditos; los comprobantes de las intervenciones; o la inscripción de los pacientes en el registro público de derivaciones.
Férriz se ha hecho preguntas en voz alta sobre «cuánto hemos pagado, quién ha decidido, qué dinero se ha dado, si era acorde con los precios de mercado», para proseguir preguntándose si los precios abonados por esos contratos «tienen algo que ver con la orden de privatización en Atención Primaria», de la que ha remarcado que «a todos les ha parecido desorbitados», e insistir sobre «quién ha decidido esa emergencia» y apuntar sobre el Gobierno andaluz que «no son de fiar para nada».
"moreno bonilla muy callado; aquí no vale hacer un rey emérito"
Dentro de esa retahíla de preguntas, la también vicesecretaria general de los socialistas andaluces se ha planteado «quiénes son los beneficiarios, a quiénes les han dado los contratos a dedo», convencida de que «son muchas cosas que explicar» dentro de una cadena de «responsabilidades políticas» en la que ha incluido al hoy presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, antes consejero de Salud, y a la hoy consejera de Salud y antes viceconsejera, Catalina García.
«Moreno Bonilla está muy callado», ha afirmado Férriz, quien ha indicado que «aquí no vale que nos hagamos un rey emérito» por aquello de que «no volverá pasar» una vez que el Gobierno andaluz ha reconocido que a partir de junio de 2023 dejará de prorrogar contratos con el Decreto del Gobierno que estuvo en vigor para los contratos sanitarios durante el Covid y se apoyará en otra norma.
La portavoz socialista ha evocado que «el Gobierno habilitó contratar por emergencia y que el 9 de mayo de 2021 deroga esta forma de contratar», a lo que ha sumado el hecho de que «la propia Consejería de Hacienda manda una instrucción para decir esto mismo, que no es aconsejable, que si la gente quiere contratar tiene que hacerlo acorde a los procedimientos contractuales».
«Sabiendo que el 9 de mayo el decreto estaba derogado y que ha recibido una instrucción decide contratar a dedo a quien le daba la gana, sin argumentos», ha reiterado Férriz, quien ha subrayado la paradoja de que la Junta de Andalucía decidiese contratar como si el marco legal para la pandemia siguiera vigente cuando decidir despedir a 8.000 profesionales sanitarios de los 20.000 que recabó como refuerzo para afrontar la pandemia.
«No hay informe jurídico que lo avale», ha afirmado Férriz, quien ha apelado a «conocer qué ha pasado en estos dos años» de un Gobierno andaluz al que ha descrito «suelto de manos, que ha hecho lo que le ha dado la gana con el dinero público» de manera que «no ha dejado de destrozar la sanidad pública para beneficiar a la sanidad privada».
«Somos un partido serio, lo primero es denunciar lo que ha pasado, pedir la información, que el Gobierno se explique por escrito, porque esto no se despacha en una rueda de prensa», ha indicado Férriz, para precisar que «no cerramos la puerta» a la vía judicial.