El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel, Jerónimo Cano, ha decretado libertad con cargos para el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento turolense, Carlos Aranda, como presunto autor de un delito de abuso sexual a un joven de 20 años.
El edil ha sido detenido en la madrugada de este domingo en su domicilio, después de que el joven presentara una denuncia ante la Policía Nacional en la que le acusa de haberle realizado tocamientos sin su consentimiento.
En el auto, que se puede recurrir, el juez prohíbe a Carlos Aranda aproximarse a menos de 300 metros de distancia respecto del denunciante, así como al domicilio, lugares de trabajo y estudios y, en último término, lugares que frecuente.
Igualmente, le prohíbe comunicarse con él por cualquier medio sea informático, telefónico, telegráfico, por carta o cualquier otra vía posible, mientras duren las presentes actuaciones desde la notificación de esta resolución.
Asimismo, prohíbe al investigado residir o acudir a la localidad o ciudad de Calamocha por el periodo de tiempo que duren las presentes actuaciones, a contar desde la notificación de la presente resolución y hasta el dictado de una resolución definitiva.
Argumentos
El juez sostiene que el auto dictado es «proporcionado y adecuado» a los hechos acontecidos, en virtud de la prueba obrante y de la que detalla varios aspectos, como que el testimonio de la víctima inmediatamente después de acaecer los hechos en sede
policial, así como lo manifestado en sede judicial, «dotado de credibilidad y sin margen de error alguno».
También se ha referido el juez a la existencia de mensajes de WhatsApp que acreditan las intenciones del investigado durante el devenir de los hechos; las «manifiestas contradicciones» en que ha incurrido el investigado en el momento de su detención, al relatar delante de los agentes actuantes que el agredido sexualmente ni tan
siquiera había subido a su domicilio, hecho «totalmente mendaz del que tuvo que retractarse en el acto».
Otro argumento que aporta el juez es el parte médico y el posterior informe pericial psicológico y forense, que ha sido pedido a tenor del contenido del primer parte hospitalario.
«Todo ello, debidamente valorado, esclarece, sustenta y apoya los hechos acaecidos y objeto de denuncia», indica el auto en el que se añade que dichos hechos «pudieran constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, incluyendo el empleo de una dosis de violencia psicológica, que coloca al perjudicado en una situación de desamparo y desprotección jurídica que debe ser erradicada mediante el dictado de la presente resolución».
"Que obviamente --reza el auto-- existen indicios razonables y fundados bastantes para sostener la actuación sexualmente agresiva de Carlos Aranda respecto al joven de 20 años, a quien engañó para mantener relaciones sexuales no consentidas, llevándolo a su casa, prevaliéndose de la ingesta de alcohol de este último, a quien una
vez en su domicilio y tras empujarlo contra su cama, le propinó tocamientos no consentidos, en los genitales y en los glúteos por debajo del pantalón, hasta que la víctima tras pedirle un vaso de agua, logró huir del domicilio, pese a la insistencia y requerimientos del presunto agresor quien no paraba de llamarlo telefónicamente, incluso en presencia de los agentes actuantes".
Dos requisitos
Entre los razonamientos jurídicos, el juez argumenta su resolución al indicar que concurren dos requisitos, como es la comisión de un hecho delictivo, previsto y penado en el artículo 178 del Código Penal y la existencia de un «riesgo objetivo, claro y manifiesto» a tenor de las resultas de la prueba de cargo practicada en sede judicial consistente en declaración de perjudicado, parte de lesiones y mensajes de WhatsApp obrantes en actuaciones.
Según el juez, concurre una situación «objetiva y concreta» de riesgo, que es el hecho que Carlos Aranda llevó a cabo una conducta «potencialmente peligrosa y sexualmente agresiva respecto del perjudicado» al menoscabar su integridad sexual.
En el auto, se recoge que el concejal le realizó al denunciante «una serie de tocamientos a sus órganos sexuales, sin autorización, ni consentimiento alguno, prevaliéndose de una relación de superioridad merced a la diferencia de edad y al estado etílico en el que la víctima se encontraba, engañándole para que fuera a su casa, bajo pretexto de darle cobijo donde dormir o pasar la noche, para, posteriormente, consumar los actos sexuales a los que se ha hecho referencia en la presente resolución».
Cese de funciones y militancia
Por otro lado, la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Teruel, Nuria Tregón, de Ciudadanos, ha asumido las funciones de Deportes y Barrios Rurales que ejercía Carlos Aranda, que ha sido cesado.
Esta asunción de competencias se ha producido por decisión del grupo municipal de Cs y después de que la alcaldesa, Emma Buj, anunciara que cesaba en sus funciones al concejal y que mantenía el pacto del Gobierno de coalición.
De este modo, se ha reafirmado en que tendría que ser el propio grupo municipal de Cs el que se reorganizara para elegir entre sus concejales el que asumiera las competencias del ya cesado edil. También ha trasladado su petición a la formación liberal para que le insten a dejar el acta en el Ayuntamiento de Teruel.
Desde la formación naranja se ha abierto un expediente informativo a Carlos Aranda, y se ha suspendido de militancia, de forma temporal, al edil.