El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha propuesto al Gobierno de Aragón celebrar una reunión técnica para evitar perder 22 millones de euros de fondos europeos previstos para rehabilitación y construcción de nueva vivienda en la ciudad que en caso de no suscribirlo antes del 31 de enero de este año se podrían perder, ha alertado.
«Se entra en una zona de peligro para cumplir el plazo de tener las ayudas europeas concedidas y en junio de 2026 tener las obras acabadas», ha avisado Serrano.
Víctor Serrano y la concejal de Vivienda, Carolina Andreu, han ofrecido una rueda de prensa para informar de los proyectos que tiene aprobados el Ayuntamiento de Zaragoza y que dependen de la firma del convenio para tener fondos Next Generation.
En concreto uno de los programas --el número 6-- es de alquiler asequible en 486 viviendas ubicadas en los distritos zaragozanos de Las Fuentes, Valdefierro y Arrabal, y que están a la espera de disponer de 15,6 millones de euros de fondos europeos para acometer una inversión total de 56 millones.
Asimismo, disponen de 6 millones de euros de una primera fase para rehabilitar grupos sindicales, como Balsas Ebro Viejo, de un proyecto global de más de 92 millones para todos los conjuntos sindicales y se van priorizando según se saben las dotaciones económicas que llegan, ha detallado Carolina Andreu.
Zaragoza Vivienda ha sido adjudicataria porque «tiene buenos proyectos, son viables y técnicamente ejecutable, además son demandados por los barrios», ha precisado Andreu para confiar en que la «incapacidad de otros no haga lamentar las pérdidas de estos recursos».
Cacahuetes
Serrano ha incidido en que desde el Gobierno de Zaragoza están «realmente preocupados» porque el hecho objetivo es que el Gobierno de Aragón ha puesto en Zaragoza «cero viviendas en 8 años y el balance es demoledor». Otro asunto es la intención de invertir 76 millones de euros en reconvertir en viviendas los cacahuetes de la Expo, en una zona que no necesita una actuación de regeneración urbana, ni tiene problemas de viviendas entre los vecinos".
«Queremos --ha reiterado-- una reunión técnica entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA que marque los pasos para pactar políticas de vivienda en la ciudad. No puede ser que tras el fracaso en la concesión de los cacahuetes se conozca que, de forma unilateral, se rompe una permuta de los suelos de la calle Embarcadero que permitiría a la DGA tener suelo en Las Fuentes, Valdiefierro y San José para hacer vivienda pública que es lo que los vecinos demandan».
A juicio de Serrano, la lealtad institucional «obliga a entendernos» y por eso «queremos una reunión para que los técnicos de Zaragoza-Vivienda, que han demostrado acometer proyectos de rehabilitación, ponerlos a trabajar y llegar a un grado de cumplimiento de los acuerdos».
Para el titular de Urbanismo «no puede ser que la actuación más importante del Gobierno de Aragón sea en una zona en la que no hay un solo vecino que demanda vivienda», en referencia a los cacahuetes de la Expo.
Ayuda mutua
En la línea del pacto se quieren cerrar acuerdos, ha añadido Serrano, quien ha explicado que no se ha suscrito el convenio porque «la DGA dice que no ha tenido capacidad técnica. A colación ha agregado: »Si ellos no han sabido nosotros estamos dispuestos a ayudarles«. En este sentido, ha observado que »es evidente que hay un problema de gestión grave« porque en rehabilitación, Aragón »está a la cola y en concesión de ayudas directas también".
«Queremos políticas de vivienda y que cada euro sea útil para ese fin y lo mejor es la colaboración», ha reiterado Serrano. Esta «oferta de colaboración» se produce porque Zaragoza-Vivienda ha demostrado una buena gestión y, además, la reunión «puede ayudar a resolver plazos de 2021 y 2022 porque ya estamos en 2023 y esos fondos europeos no se pueden perder».
Se trataría de una «ayuda mutua» porque para el Gobierno de Aragón sería un «fracaso rotundo no utilizar Zaragoza-Vivienda y ese grado de ejecución de fondos también le computará como administración».
Ha reconocido que desde el Gobierno de Aragón se dijo esa fecha del 31 de enero «no es un plazo perentorio, pero es el marcado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sino no se llegará a tiempo y por eso se ofrece colaboración porque ya estamos fuera de juego», ha concluido.