El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado, este martes, que el Ejecutivo regional debe al Ayuntamiento de Zaragoza 1,5 millones y no 1,4 por los intereses de la deuda del tranvía.
«Me sorprendió ayer bastante el alcalde --Jorge Azcón-- y esa reclamación, que dio a entender que estaba poco centrado en su tarea de alcalde, cosa que puedo comprender dada su situación de pluriempleo», ha declarado Lambán a los medios de comunicación.
Ha explicado que el 22 de diciembre el Gobierno regional se dirigió al juez para preguntarle cuánto tenía que pagar de intereses al Ayuntamiento y el juez se dirigió al Ayuntamiento el 9 de enero para que le precisara a cuánto ascienden. «Cuando le responda el Ayuntamiento al juez y el juez lo notifique, procederemos al pago correspondiente inmediatamente», ha zanjado Lambán, para quien Azcón estaba «bastante despistado» este lunes.
El alcalde de Zaragoza ha reclamado este lunes al Gobierno de Aragón que abone los intereses de la deuda del tranvía, que ha dicho que ascienden a 1,4 millones de euros y, si no, «pediremos la ejecución de la sentencia y será el juez el que les obligue a pagarlos», ha anunciado.
Gestión de expedientes
Por otra parte, el jefe del Ejecutivo autonómico se ha quejado de «cómo se gestionan los expedientes que tienen que ver con el Gobierno en el Ayuntamiento» porque «hay una inversión que quiere hacer el Gobierno con 10 millones de ayudas europeas para mejorar la eficiencia energética del Edificio Pignatelli, ha solicitado licencia hace tres meses y no ha llegado; nos arriesgamos incluso a perder la subvención». Ha dicho que los Ayuntamientos de Alcañiz, Jaca y Huesca han solucionado la misma cuestión en 20 días.
«No es por echar más leña al fuego, pero es lo que está ocurriendo con prácticamente todos los expedientes que tiene que tramitar el Ayuntamiento» en relación al Gobierno de Aragón, ha continuado Lambán, quien ha considerado: «Todos tendríamos que elevarnos por encima de la melé, pensar en el interés general de los ciudadanos y que cuando se retrasan las licencias para asuntos relacionados con el empleo o las viviendas para jóvenes a quien se está perjudicando es a los ciudadanos».