La Comunidad de Madrid se encuentra ultimando el lanzamiento de su aceleradora de inversiones que tiene como objetivo agilizar la tramitación de proyectos que se consideren de especial interés para la región por su importante cuantía monetaria, por los puestos de trabajo creados o por otros requisitos.
Se trata de un proyecto de decreto, en el que trabaja la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, que se encuentra ahora en fase de audiencia e información pública.
«Con el fin de fomentar la competitividad y atraer más proyectos de inversión de mayor valor añadido,se hace necesario crear un órgano colegiado interdepartamental y eventualmente interadministrativo, que facilite que los proyectos generadores de riqueza y empleo puedan tramitarse», argumentan desde la Comunidad en el texto, al que ha tenido acceso Europa Press.
Asimismo, defienden que las cargas administrativas y exigencias que conlleva el funcionamiento de esta aceleradora «se ven compensadas por el beneficio obtenido en relación a la acción coordinadora que puede generar» y con la «agilización en la tramitación ligada a los efectos de la declaración de proyecto de especial interés».
La aceleradora estará compuesta por un presidente, que será el titular de la viceconsejería competente en materia de economía; por vocales permanentes, que serán directores generales de economía, medio ambiente y ordenación del territorio; por vocales no permanentes, que se designarán en función del proyecto que se trate y un representante del ayuntamiento en cuyo municipio se va a establecer el proyecto. Además, habrá un secretario y un representante de la Administración General del Estado si afecta a sus competencias y técnicos.
La pertenencia a la aceleradora no dará lugar a remuneración ni indemnización alguna, ni tampoco la asistencia a sus reuniones o la participación en los grupos de trabajo.
Entre las principales funciones de esta aceleradora está recepcionar solicitudes y dar trasladado de ellas, aprobar la solicitud de declaración de proyecto de especial interés para la Comunidad, realizar el seguimiento del estado de tramitación de los proyectos de inversión ante los órganos competentes, coordinar la actuación de diferentes órganos y entidades públicas implicadas o identificar barreras administrativas y realizar propuestas para eliminarlas.