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El Gobierno de Aragón completará en ocho meses la digitalización de todos los libros registrales de la Comunidad

Acto de la firma del contrato entre la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, y la compañía Indra para digitalizar los registros civiles de once partidos judiciales de Aragón. | GOBIERNO DE ARAGÓN

| Zaragoza |

La digitalización completa de los Registros Civiles de Aragón será una realidad en ocho meses, ya que la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón ha firmado este martes el contrato para llevar a cabo esta iniciativa en los partidos judiciales de las provincias de Huesca y Zaragoza que aún no están digitalizados, que son todos menos Comunidad de Calatayud y la Hoya de Huesca. De esta forma, en mayo de 2023 habrá concluido todo el proceso, en el que la provincia de Teruel fue pionera a nivel nacional.

El proyecto 'Registro Civil Digital' persigue la modernización y eficiencia en la gestión de los trámites y supone encaminar el resto de proyectos hacia el nuevo modelo de Oficina Judicial. Así lo ha reflejado este martes la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, quien ha firmado el acuerdo con la adjudicataria, representada por Cristina Rodríguez de la Llana, directora de Indra BPO.

«El compromiso del Gobierno de Aragón con la modernización del sistema judicial ha sido patente desde el 2015 y esto es una muestra de ello», ha señalado la consejera.

Mayte Pérez ha destacado «el salto cuantitativo y cualitativo que supone la digitalización de los registros civiles, no solo para la Administración de Justicia, sino para el ciudadano al que se le mejora un servicio necesario», y ha recordado que «Aragón está siendo referente a nivel nacional y comunidades como La Rioja siguen con interés nuestros avances en la digitalización judicial».

2.084 volúmenes

El trabajo de digitalización de los 2.084 volúmenes disponibles en los cuatro partidos judiciales de la provincia de Huesca que quedan por digitalizar --Barbastro, Boltaña, Fraga, Jaca y Monzón-- se ha adjudicado por un importe de 548.238 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución máximo de 9 meses, estando prevista su finalización en mayo del 2023.

Mientras, el trabajo de digitalización de los seis partidos judiciales que quedan en Zaragoza --Tarazona, Zaragoza, Caspe, Ejea de los Caballeros, Daroca y la Almunia de Doña Godina-- y que cuentan con 3.056 volúmenes han sido adjudicados por un importe de 1.037.418 euros, IVA incluido, y un plazo máximo de ejecución de nueve meses, con una previsión de finalización en febrero del 2023.

Los 1,6 millones de esta última partida de digitalización de libros registrales en Aragón provienen de los fondos europeos del Mercanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) Next Generatión. Abarca los libros de defunciones desde 1935 hasta la actualidad y los nacimientos y matrimonios desde el año 1950.

Mayte Pérez ha destacado «la eficiencia de Aragón a la hora de ejecutar los fondos europeos gracias a la ejemplo la labor desarrollada desde la Dirección General de Justicia».

El Gobierno de Aragón ha logrado captar más de 12 millones de euros con proyectos sobre la interoperabilidad del sistema Avantius o la digitalización de los registros civiles. Las comunidades autónomas solicitaron al Ministerio retrasar doce meses la ejecución del Proyecto 0, que vencía el pasado mes de junio, pero el Ejecutivo autonómico lo tiene ya ejecutado, lo que supone adelantarse un año al plazo límite.

Dos años de adelanto

En el caso de los Proyectos Prioritarios 1, con 4 millones de euros para Aragón, también los gobiernos regionales solicitaron retrasar su ejecución de diciembre de 2023 a noviembre del 25, pero la Dirección General de Justicia ha decidido continuar con el primero de los plazos, con dos años de adelanto.

Con esta digitalización se consigue la relación digital de los ciudadanos con el Registro Civil, lo que facilita trámites y hace posibles los servicios electrónicos directos al ciudadano y favorece la cohesión territorial entre la Comunidad.

Por otro lado, se permite que los funcionarios de cualquier nivel de la Administración, con la habilitación que en cada caso corresponda, puedan atender cualquier servicio de Registro Civil de cualquier ciudadano y desde cualquier lugar, trabajando con la misma base documental centralizada, en tiempo real, con todos los mecanismos de seguridad y de calidad.

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