La consejera de Justicia, Igualdad y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, espera que en el primer Consejo de Gobierno Vasco tras el parón vacacional se pueda aprobar y publicar de la bolsa de trabajo para cubrir las plazas vacantes en las prisiones de Euskadi.
En una entrevista a la Cadena Ser Bilbao, recogida por Europa Press, Artolazabal, ha reconocido que el Gobierno Vasco sabía que el traspaso de la competencia de Instituciones Penitenciarias «no era fácil», pero veían que tenían «una oportunidad de mejorar el modelo penitenciario vasco y las condiciones en las que las personas privadas de libertad tienen de cara a cumplir la condena, y, establecido ese itinerario, ser capaces de reinsertarse con garantías en la sociedad».
Tras reconocer que Euskadi tiene «una herencia difícil y que las instalaciones tampoco son las más adecuadas para poder ir implementando todo lo que queremos hacer», ha señalado que, desde el punto de vista de personal, «cuando se transfiere la competencia teníamos ocupadas un poco más del 80% de las plazas con las que contamos».
En ese sentido, ha recordado el acuerdo alcanzado con el sindicato mayoritario ACAIP-UGT para «darnos dos años para ir implementando diferentes medidas que vayan a paliar las dificultades o la herencia que hemos recibido».
En esa línea, ha recordado que en Consejo de Gobierno Vasco de hace dos semanas se aprobó la creación de una bolsa de trabajo, con el objetivo de «ir cubriendo las vacantes que se puedan ir produciendo por jubilaciones, interinidades ocasionadas por enfermedad o por plazas que estaban sin cubrir».
Artolazabal espera que en el primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones se puede aprobar y publicar esa bolsa de trabajo, lo que, según ha afirmado, permita «ir dando pasos para consolidar unas políticas que creemos importantes de cara a mejorar la convivencia en Euskadi».
En otro orden de cosas, Artolazabal ha informado de que alrededor de 3.800 personas han llegado a Euskadi procedentes de Ucrania, la mayor parte mujeres con menores a su cargo, y se han repartido 1,2 millones de euros de la partida total de 3 millones para ayudas de emergencia social prevista para atender las necesidades, entre otras de alojamiento y educación, de quienes llegan huyendo de la guerra.