Insularidad y clima condicionan el uso de recursos y la economía de un territorio. En definitiva, su modelo productivo y social. Es básico, por tanto, para que la sociedad avance, contar con una buena y eficiente política de gestión de estos recursos que garantice unos resultados satisfactorios. En el entorno insular todavía se acentúa más la necesidad de buscar la eficiencia aprovechando todos los recursos disponibles, independientemente de que sean públicos o privados.
Esta breve introducción sobre el hecho insular es útil para introducir y dar a conocer una norma sobre uso y ordenación de recursos sanitarios que ha implementado el actual Govern y que, desde mi punto de vista, es el hito más destacado del pasado ejercicio en materia sanitaria. Esta norma es un ejemplo de colaboración público-privada e implica una mejora sustancial en la calidad en la atención sanitaria para residentes y los miles de visitantes que recibimos en las Illes Balears.
Todo nace de la situación de saturación que se produce en los servicios sanitarios públicos en los meses de verano. Según el Ibestat, el índice de presión humana (IPH) durante el 2024, indica que la media de población balear es de 1,5 millones de habitantes. Ello representa un 28,3% más que la población real registrada y con un pico que supera los 2 millones de habitantes la primera semana de agosto. El sustancial incremento poblacional, provoca un alza en la demanda de servicios sanitarios y por tanto una presión sobre ellos que, por volumen, no pueden ser absorbidos por la red de atención pública. Esta circunstancia viene repitiéndose de ejercicio en ejercicio, de ahí que desde la administración sanitaria hayan ido buscando soluciones en las que la participación de la red asistencial privada es esencial.
La evolución de la fórmula, implementada por la administración sanitaria balear para abordar este problema que se produce mayoritariamente en los meses de verano, pivota sobre la forma colaborativa público-privada y se instrumentaliza mediante decreto ley. Hay que destacar, que esta norma ha sido convalidada por todos los grupos políticos del arco parlamentario de las Illes Balears.
El decreto ley 1/2024 de 22 de marzo, pionero en nuestro país, establece un marco regulador de la atención urgente y emergente en Illes Balears bajo la batuta del SAMU 061 que ejerce una coordinación centralizada y un marco único de actuación. Este marco único evita, de esta manera, una fragmentación de la prestación de la emergencia. La participación de los centros privados se realiza a través de la denominada Red de Centros y Servicios de Apoyo a la asistencia urgente y emergente. Para ello se exige a estos unos requisitos que deben cumplir escrupulosamente.
Como importantes ventajas del decreto destacaría que es una herramienta que aprovecha los recursos públicos y privados disponibles, optimizando así el gasto público; no ampliando recursos sino, utilizando los recursos privados disponibles. Contribuye a la descongestión; también a eliminar presión en los servicios públicos en épocas de alta demanda y finalmente amplia la cobertura territorial, mejorando así los tiempos de respuesta.
Importante es señalar que el objetivo no es sustituir un servicio público por uno privado sino, colaborar mediante recursos privados a la prestación de un servicio que es de exclusividad pública. Por consiguiente, es esencial en este modelo de atención mixto, la labor de control y seguimiento que debe ejercer la Administración Sanitaria a fin de que se cumplan los criterios de calidad, accesibilidad y equidad en la prestación.
La actividad gestionada a través del centro de coordinación del SAMU 061 llevada a cabo durante el pasado 2024, ha supuesto 24.802 atenciones urgentes con la participación de recursos sanitarios del grupo Juaneda, del grupo Quirónsalud, del grupo Parque Llevant y del grupo Policlínica del Rosario en Eivissa.
El decreto ley 1/2024 se convierte pues, en una alianza estratégica para mejorar la atención urgente y emergente en las Illes Balears que, a través de la colaboración público-privada de forma optimizada aprovecha y coordina los recursos existentes asegurando una atención universal, equitativa y de calidad.