Ya se han cumplido tres años de la reforma laboral pactada en la mesa de diálogo social entre gobierno, patronales y sindicatos. Una reforma controvertida que, finalmente, salió adelante por el error de un diputado a la hora de votar. Un cambio normativo que, según los economistas «mainstream», nos llevaba hacia un desempleo galopante, lo cual, junto a la subida del salario mínimo interprofesional, nos abocaba a un hundimiento seguro de nuestra economía.
La realidad ha sido bien distinta. Los datos nos dicen que tenemos cifras récord de empleo, con más de 21 millones de cotizantes a la seguridad social y cifras de paro como hacía muchos años que no veíamos. En Balears las cifras son incluso mejores que en el conjunto del estado; en el año 2018, el número de contratos indefinidos suponían el 17,28% del total de contrataciones, mientras que en 2024 han sido el 69,32%. Otro dato ilustrativo -y que echa por tierra la teoría de que los contratos indefinidos fijos discontinuos han sustituido a los temporales- es que en 2018 se firmaron 434.774 contratos temporales; por el contrario, en 2024 ese número se redujo hasta los 116.243, es decir, 318.531 contratos temporales menos. La lógica que nos intentaban aplicar para convencernos es que estos serían contratos fijos discontinuos y, por tanto, no se contribuía a la mejora y estabilización de la situación de laboral, siendo solamente un maquillaje de las cifras para conseguir mejores datos ante la Comisión Europea. La realidad es bien distinta: de los 39.304 contratos fijos discontinuos que se firmaron en 2018 hemos pasado a los 154.133 en 2024, eso supone una diferencia de 114.829 contratos, un aumento muy por debajo de la disminución de contratos temporales.
Los datos evidencian mes tras mes, y llevamos ya tres años, que los cambios legislativos pueden servir en la lucha contra la precariedad, cosa que algunos, y no pocos, ponían en duda. En ese sentido, en la reforma laboral, el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. Además, la reforma puso punto final al contrato por obra y servicio, nido de precariedad, ya que los contratos por días quedan prácticamente anulados. El contrato temporal también se limita: solo se puede optar por esta opción en circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora con derecho a reserva del puesto de trabajo.
También podríamos comentar lo mismo en lo que concierne a subida del salario mínimo interprofesional. Este aumento debía abocarnos a la destrucción del tejido empresarial y a enormes cifras de paro. Un salario mínimo que, con sus subidas continuadas, llega este 2025 a los 1.184 euros mensuales por 14 pagas, lo que supone una subida del 61% en los últimos 7 años. Esto ha contribuido a aumentar las retribuciones de los trabajadores y trabajadoras más precarios.
Las mejoras en contratación y salario mínimo, a las que debemos sumar las de los salarios fruto de la negociación colectiva, además de la revalorización de las pensiones, aun siendo elementos que inciden positivamente en la lucha contra la precariedad de las personas trabajadoras, no son suficientes para tener un proyecto vital satisfactorio y decente. La precariedad y devaluación de las condiciones de vida son, en este momento, las mayores preocupaciones de las personas trabajadoras. Lo sabemos muy bien en Balears; la cesta de la compra ha subido muy por encima de los salarios y el precio inasumible de la vivienda para una parte importante de la población hacen que las mejoras del mercado de trabajo queden totalmente difuminadas.
Si para mejorar todo lo que concierne al ámbito laboral se tuvo que generar un marco normativo ambicioso, e incluso vencer discursos a la contra de reconocidos economistas y medios de comunicación especializados, puede que estemos en condiciones de legislar ambiciosamente en materia de precios de vivienda para evitar que el descontento y el malestar de amplias capas de la población acabe estallando.
Pongámonos a trabajar sin perder más tiempo.