Llevarse arena, conchas, piedras o moluscos de la playa está prohibido en España y puede acarrear sanciones elevadas: hasta 60.000 euros según la Ley de Costas. Este texto legal, que regula el uso de la franja litoral, establece límites claros al retirar cualquier elemento del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo acciones aparentemente inofensivas como recoger conchas. Durante la época estival, con el auge de visitas a playas y piscinas municipales, se recuerda la importancia de conocer estos límites legales, ya que, como recoge el Código Civil español, «la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento».
La protección del entorno costero se intensifica en verano, cuando el número de usuarios se incrementa notablemente. Junto a la prohibición de sustraer elementos naturales, las celebraciones o eventos sin permiso en playas públicas se encuentran bajo el foco normativo. De hecho, sin la debida autorización administrativa, estos eventos pueden considerarse infracción leve y ser sancionados con 20 euros por metro cuadrado y día. Además, si se desobedece una orden expresa de la Administración para cesar dicha actividad, la cuantía se eleva a 120 euros por metro cuadrado y día.
La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, determina que el disfrute de las playas es libre, público y gratuito para actividades habituales tales como el baño, pasear o el embarque. Sin embargo, la organización de acontecimientos familiares de pequeño formato, como fiestas de cumpleaños, generalmente no requiere autorización específica. En cambio, en lo relativo a ruido y música, se debe cumplir la normativa local que corresponda a cada municipio costero.
Para usos distintos a los habituales, la ley exige contar con un permiso administrativo. Legálitas subraya que cada ayuntamiento puede desarrollar ordenanzas propias para regular el comportamiento en estos espacios. Un ejemplo paradigmático es Benicàssim, cuya legislación municipal prohíbe acceder a la playa con botellas de vidrio, cocinar o hacer fuego, restringiendo ciertas excepciones, como ocurre la noche de San Juan. En Motril, la Ordenanza de Uso y disfrute de playas prohíbe emplear dispositivos que emitan ruidos persistentes o excesivos como radios o altavoces, protegiendo así el descanso de usuarios y residentes próximos.
Llevarse elementos naturales y sanciones aplicables
No se permite extraer de la playa arena, conchas, piedras ni moluscos bajo ningún concepto. Esta actuación, además de prohibida por la Ley de Costas, puede tener consecuencias medioambientales: «las conchas y la arena sirven como refugio y hábitat para organismos y contribuyen a la protección frente a la erosión». Las sanciones se gradúan en función del daño causado, y pueden alcanzar los 60.000 euros, tal y como advierte Legálitas.
La normativa española especifica que, en eventos que no sean estrictamente familiares y de reducido tamaño, se requiere petición de permiso a la autoridad correspondiente. Sin autorización, la multa es de 20 euros por metro cuadrado ocupado y por día. Si se incumple la orden de cese de la actividad, el importe aumenta hasta los 120 euros. Además, en Baleares, realizar actividades recreativas sin permiso en dominio público puede suponer multas que oscilan entre 30.000 y 300.000 euros.
En cuanto a los juegos de pelota o palas dentro de piscinas públicas, depende de las reglas internas de cada recinto. Algunas prohíben estas actividades, otras las restringen para evitar riesgos o molestias. En playas, municipios como Cádiz sólo lo permiten en áreas habilitadas; Benidorm y Chipiona los prohíben tanto en zonas de baño como en el agua. Málaga va más allá, restringiendo cualquier juego o actividad que pueda molestar en temporada alta, incluso en el mar, y exige una distancia mínima de seis metros respecto a otros usuarios en las zonas permitidas.
Respecto a hinchables y colchonetas, su uso general está permitido mientras no comprometa la seguridad del resto de bañistas o cause molestias. Siempre es crucial respetar la normativa detallada de cada instalación o playa. La Ley de Costas deja claro que todas las playas en España deben ser de acceso público y gratuito, de manera que no existen playas privadas y ningún hotel o residencia puede restringir la entrada al litoral. El pago por acceder a una playa no está permitido bajo la legislación nacional actual.
Responsabilidad por accidentes y acceso de animales
En caso de accidente en playas o piscinas municipales, la administración titular puede ser responsable si media negligencia en la gestión o deficiencia en las instalaciones y personal. No obstante, si el incidente se origina por imprudencia del usuario, la responsabilidad recae sobre el mismo.
El acceso de animales suele estar limitado o prohibido salvo contadas excepciones, como la presencia de perros guía o animales de rescate autorizados. Algunas localidades aplican restricciones en horario o temporada, como ocurre en Cádiz, San Sebastián o Chipiona, mientras que otras permiten el acceso fuera del horario de baño.
Venta ambulante y conductas permitidas o prohibidas
La venta ambulante está estrictamente regulada y, por lo general, prohibida en piscinas municipales; en playas, la posibilidad depende de normativa local y suele restringirse a casos muy concretos bajo licencia. Ejemplo de ello es Chipiona, donde se autoriza un solo puesto cada 200 metros de playa y se debe evitar la actividad comercial estática.
Bañarse vestido en piscinas públicas no está vetado salvo en el caso de que el reglamento interno lo indique. Por motivos culturales o religiosos, la discriminación está prohibida. Por otro lado, el topless está permitido en la mayoría de playas y piscinas municipales, aunque es recomendable consultar posibles restricciones municipales.
¿Por qué no está permitido extraer elementos de las playas?
La protección frente a la extracción de arena, conchas o fauna marina responde a la necesidad de mantener el equilibrio ambiental. Estos materiales son esenciales como barrera natural contra la erosión y contribuyen a preservar la biodiversidad del litoral. Cualquier alteración puede suponer un daño ambiental significativo y, por tanto, está recogida como infracción administrativa en la legislación vigente.
Al final resulta que casi todo está prohibido en españa, excepto inmigración en patera.