España se enfrenta a un fenómeno sin precedentes en su estructura laboral. Los datos del primer trimestre de 2025 revelan una tendencia que viene gestándose desde hace años pero que ahora se ha consolidado: el número de funcionarios supera en 239.600 personas a los autónomos con negocio propio. Esta realidad, inédita desde que existen registros oficiales, plantea serias interrogantes sobre el futuro económico del país y refleja un cambio profundo en las aspiraciones profesionales de las nuevas generaciones.
El economista Marc Vidal ha puesto el dedo en la llaga al señalar que "cada vez más jóvenes aspiran a ser funcionarios no por vocación de servicio", sino impulsados por la falta de oportunidades atractivas en el sector privado. Esta observación no es baladí, pues revela un problema estructural que va más allá de las preferencias individuales y apunta hacia deficiencias sistémicas en nuestro modelo productivo.
El trasfondo de esta situación evidencia un mercado laboral anquilosado, donde la seguridad a corto plazo prima sobre la creación de valor a largo plazo. Los jóvenes, ante un panorama de precariedad e incertidumbre en el sector privado, ven en la administración pública un refugio seguro que les garantiza estabilidad. Sin embargo, esta aparente solución individual contribuye a un problema colectivo de enormes dimensiones.
Las consecuencias económicas del declive emprendedor
El desequilibrio creciente entre empleo público y emprendimiento tiene repercusiones que van mucho más allá de las estadísticas laborales. Cuando el autoempleo retrocede, la economía pierde varios motores fundamentales: innovación, flexibilidad y capacidad de adaptación. Los emprendedores no solo crean puestos de trabajo, sino que también introducen nuevas ideas, productos y servicios que mantienen la economía dinámica y competitiva.
La caída del emprendimiento implica una menor generación de riqueza desde el sector privado, lo que a su vez reduce la base imponible y, por tanto, la recaudación fiscal. Este fenómeno crea una espiral peligrosa: menos empresas privadas significan menos ingresos para el Estado, que a su vez tiene más dificultades para sostener una administración pública en expansión.
El experto advierte que esta tendencia podría provocar un estancamiento de la productividad, ya históricamente baja en España en comparación con otros países europeos. Sin un tejido empresarial robusto y en constante renovación, la economía española corre el riesgo de perder competitividad en un entorno global cada vez más exigente y dinámico.
PepeSanitarios, profesores, bomberos, policías, guardia civil....los hay y muchos