Recientemente Cooperatives Agroalimentàries participó en la Ponencia de estudio sobre la insularidad y la situación periférica creada en el seno de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado. La encargada de defender la postura del campo mallorquín fue Maria Francisca Parets Amengual, directora gerente del organismo desde 1998. De familia íntimamente ligada a la agricultura y la cultura del campo mallorquín, Parets tuvo muy claro que sus raíces estaban en la tierra mallorquina y su trabajo. Al acabar de formarse como ingeniera agrónoma continuó su relación con la finca familiar de Santa Eugènia, que no ha abandonado nunca.
Ahora, desde su puesto de directora de Cooperatives Agroalimentàries, tiene una perspectiva global de los particulares problemas que afectan al campo de la Isla y que fueron los que, en gran parte, expuso a los senadores en Madrid. «Los senadores autonómicos se pusieron en contacto con nosotros para que participáramos en la comisión con una ponencia específica sobre la insularidad», explica Parets. «Es un gesto muy importante que se hable de los problemas que afectan a los agricultores mallorquines y no solo se hable de turismo».
Transmitir que existe un sector vivo y productivo en Mallorca es vital para ella: «Hay que salir de los tópicos sobre Mallorca. No somos únicamente una isla dedicada al turismo, tenemos un campo que es vital, pero que se está viendo muy amenazado. El campo puede ser un atractivo turístico, pero además es una actividad que cuida del medio ambiente y que, además, es productivo económicamente», recalca. La sensación en el Senado, según relata, fue que se empezaban a comprender los problema agrarios de la Isla.
«En el campo hay muchos proyectos que animan al sector, hay muchas nuevas iniciativas y nuestros agricultores son muy emprendedores, pero el incremento de los costes frena al sector». Otro factor serían los precios que los distribuidores pagan y que hacen imposible cubrir los costes: «Hay que reflexionar sobre ello. La sociedad debe darse cuenta de que el valor de los alimentos no puede pasar a un segundo plano. La leche se paga por debajo de su coste, pero un teléfono móvil se paga a un precio varias veces superior al de su producción».
Las grandes distribuidoras de alimentos tienen esta responsabilidad, pero también las legislaciones, que «han de tener en cuenta al sector agrario en los problemas de la insularidad». Otro problema específico sería el de los límites de las ayudas de la Unión Europea, que para las empresas y productores mallorquines son los mismos que para los de la Península, sin tener en cuenta las peculiaridades de la Isla. «Si se compensa la insularidad de forma adecuada, hay actividad rentable en el campo». «No todo hay que dejarlo en manos de los políticos», concluye. «La sociedad en conjunto debe cuidar su campo».