Además de la estafa millonaria de Autoclick, Salvador Llinàs tiene otros asuntos pendientes en España. El juzgado de Instrucción 8 también le reclama y mantiene contra él una orden de busca y captura por una estafa inmobiliaria. En este asunto, la situación se le complica más porque ya existe una sentencia firme en la que ya se establece su participación en el fraude, en el que se vendió a una pareja una vivienda que tenía una orden de demolición por parte del Ajuntament de Palma. Esa sentencia de la Audiencia es firme y ya ha sido confirmada por el Tribunal Supremo, por lo que sus hechos probados son inamovibles.
La estafa fue cometida en 2016. Llinàs promovió una obra de reforma de un edificio y contrató como constructor al condenado a cinco años. La obra se realizó sin licencia y el Ajuntament de Palma inició un expediente disciplinario y ordenó la demolición.
A pesar de eso, el acusado y Llinàs negociaron con una pareja la venta del inmueble. No les avisaron de la situación o de que carecía incluso de cédula de habitabilidad. Según quedó acreditado en el juicio fue Llinàs quien firmó los contratos privados de compraventa del inmueble y, según su socio, quien ingresó los 235.000 euros que pagaron las víctimas. En el juicio, que se celebró el año pasado, los afectados apuntaron a que Llinàs participó junto al otro acusado en todo el proceso de compraventa y que nunca se les informó de los problemas que tenía la vivienda que, aún a día de hoy no ha podido ser legalizada.
En el juicio, el condenado a cinco años de cárcel intentó responsabilizar a Llinàs de lo ocurrido y limitó su papel al de ser el constructor de la obra. Insistió en que quien negoció la venta fue el fugado y que él solo firmó un documento porque este se encontraba de viaje. Cuando se presentó esta querella por parte de las víctimas contra Llinàs, este ya se había marchado a Taiwan al hilo del estallido del ‘caso Auto Click.
El juzgado de Instrucción 8 le declaró en rebeldía y le puso en busca y captura. Mientras, llevó a cabo la instrucción respecto al constructor que es quien por ahora está condenado a una pena de cinco años de prisión. Una vez pise suelo español, Llinàs tendrá que ser interrogado por esta causa y juzgado con el antecedente de una sentencia que ya establece unos hechos en los que él también tiene una participación destacada.
La sentencia de la Audiencia, confirmada por el TSJIB y por el Supremo, establece que fue quien negoció los contratos privados como representante de una empresa, M&M Salmar Inversiones. El condenado también basó buena parte de su defensa en destacar la participación de Llinàs en la operación. En su declaración, señaló que era el dueño de las viviendas, que fue quien le encargó el trabajo y que no le pagó y que negoció la operación.
Llinàs permanece ahora mismo en Alemania tras ser deportado esta semana desde Taiwan. La publicación de que está bajo una investigación por estafa en Italia por el mismo fraude de Autoclick provocó la reacción de las autoridades taiwanesas que le retiraron el permiso de residencia que tenía desde el año 2021.
La principal acusación contra él es la que tiene que ver con Autoclick. El proceso que motivó su marcha a extremo oriente aborda una serie de operaciones de venta de más de 3.000 vehículos que sirvieron para defraudar casi 50 millones de euros. La empresa adquiría vehículos mediante renting o a través de préstamos que supuestamente iban destinados a su flota de alquiler. Parte de ellos fueron vendidos sin que fueran propiedad de la sociedad y engañando a los compradores con la documentación.
De ese fraude inicial siguen otras derivadas relacionadas con el pago de impuestos y con una serie de maniobras financieras destinadas a desviar los beneficios del fraude a paraísos fiscales. Hasta el momento, en la investigación de un juzgado de Instrucción de Palma han declarado, entre otros, dos hermanos de Llinàs. Todos los imputados han apuntado al fugado como responsable del fraude y se han distanciado de él.
Alemania tiene que decidir ahora qué petición de entrega atiende primero contra Llinàs, las dos que existen desde España o la formulada por la Fiscalía de Trento, donde también está investigado por Autoclick. Las autoridades italianas le responsabilizan de un fraude fiscal de treinta millones de euros, además de por la venta fraudulenta de un millar de vehículos. Parte de esa operativa está incorporada también a las actuaciones que sigue el juzgado de Instrucción de Palma.