El Ajuntament de Palma reclamará al Ministerio de Justicia algo más de seis millones de euros por los daños y perjuicios ocasionados por la instrucción del ‘caso Cursach’, que lideraron el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, ambos condenados a 9 años de cárcel por diversos delitos. Por el momento, las cantidades que se solicitarán vía judicial son: 3.732.378 euros en concepto de defensas jurídicas y otros 2.090.000 euros, por retribuciones a los funcionarios policiales que fueron suspendidos de forma injusta de empleo y sueldo.
«A solicitud de la Alcaldía se emite el presente informe, que versará sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia derivada de la comisión de delitos por jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal, puesta en relación a la sentencia número 60/2023, de 15 de noviembre de 2023, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears, que condena un magistrado y a un fiscal (Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán) como autores responsables de un delito de omisión de perseguir un delito de revelación de secretos, de tres delitos de obstrucción a la justicia y de un delito de coacciones. Y a un miembro del Ministerio Fiscal como autor responsable; todos ellos en el marco de instrucciones penales que afectaron a funcionarios y autoridades del Ayuntamiento de Palma, resultando suspensiones de funciones y, tras su absolución, cuantiosas minutas que tuvieron que ser asumidas por esta Administración». Así arranca el informe elaborado por los servicios jurídicos de Cort al que ha tenido acceso Ultima Hora.
A partir de este documento, avalado por la coordinadora técnica, el letrado director y la letrada asesora de los Servicios Jurídicos del Ajuntament, el alcalde Jaime Martínez tiene previsto ordenar en los próximos días la interposición de un reclamación contra el Ministerio de Justicia. Por el momento, la cuantía ronda los seis millones de euros, pero dicha cantidad podría incrementarse debido al constante goteo de condenas en costas que está asumiendo Cort.
El Ajuntament ha tenido que hacer frente al pago de varios millones de euros por los salarios no abonados a los policías locales absueltos en el ‘caso Cursach’, ya que estaban imputados y suspendidos de empleo y sueldo. Pero el Consistorio no solo se ha hecho cargo de las nóminas suspendidas durante el periodo de imputación. La portavoz de Cort, Mercedes Celeste, ya explicó en su día que «estamos manteniendo reuniones con los trabajadores afectados para negociar el pago de complementos, ya que la devolución inicial de los salarios sólo contemplaba el salario base». En el cálculo de devolución de salarios no se ha tenido en cuenta otros complementos como la nocturnidad, festivos o fin de semana, etc.