Jornadas laborales de 21 horas al día, solo un día libre y el 50 por ciento de los beneficios se los quedaban sus 'jefas', dos bolivianas de 43 y 38 años. Para ellas la Fiscalía solicita sendas penas de 30 años de prisión y multas de 9.720 euros acusadas de explotar sexualmente a nueve féminas sudamericanas en tres pisos de Palma entre noviembre de 2020 y enero de 2021.
El Ministerio Público, además, pide que indemnicen a cada una de las nueve perjudicadas en 8.000 euros por el daño moral ocasionado. El juicio por estos hechos, calificados como explotación sexual y contra el derecho de los trabajadores, se celebrará a finales del mes que viene en una sala de lo Penal de Vía Alemania.
Tal y como detalla la Fiscalía en su escrito de acusación, una de las procesadas arrendó las tres viviendas donde se ejercía la prostitución. Esta se mostraba ante las mujeres como la propietaria de los pisos y les hacía las entrevistas para entrar a trabajar allí. La otra enjuiciada era la encargada de los negocios y realizaba labores de dirección. Entre noviembre de 2020 y enero de 2021 mantenían ejerciendo la prostitución en dichos inmuebles a un total de nueve mujeres, todas ellas de origen sudamericano y en una situación de precariedad económica y laboral. La mayoría de ellas carecían de permiso de residencia en España.
Las dos procesadas, según siempre la acusación pública, tenían que aceptar las condiciones laborales que le imponían las procesadas, sin posibilidad de negociación. Todo ello por las necesidades que tenían las mujeres. Para ejercer allí la prostitución debían residir en el propio piso, que estaban abiertos los siete días a la semana, 24 horas al día. La jornada de las víctimas era de 21 horas al día, con solo tres horas libres y una jornada de descanso. Siempre tenían que estar disponibles por si llegaba un cliente.
Las tarifas impuestas por las dos acusadas eran de 40 euros por 20 minutos, 60 por media hora y 100 euros la hora. Las mujeres recibían la mitad al día siguiente y el resto se lo quedaban las dos procesadas. Entre los servicios ofrecidos por las perjudicadas se encontraban el de practicar pasarelas, shows y masajes a los clientes y colgar anuncios de ellas en internet para, si se negaban se les amenazaba con despedirlas. Asimismo debían consentir que los hombres consumiesen la droga que ellos mismos portaban.
La Fiscalía incide en que ninguna de las mujeres tenía contrato laboral, seguro médico ni tampoco estaban dadas de alta en ningún régimen de la Seguridad Social. La Policía Nacional arrestó a las dos sospechosas a mediados de enero de 2021.