Una pareja ha asegurado, este martes en la Audiencia Provincial, que les estafaron en la compra de su vivienda, en Palma, ocultando que era completamente ilegal y que tenía una orden de demolición, algo que descubrieron dos años después al recibir una carta del ayuntamiento. «El Ayuntamiento no lo consideraba una vivienda y teníamos que tirar la casa», ha contado uno de los denunciantes, en el juicio que ha celebrado la Sección Segunda.
Allí el hombre ha expuesto que, tras enterarse, quisieron pedir explicaciones a la inmobiliaria y no recibieron respuesta: «Intentamos ponernos en contacto con la inmobiliaria que nos la vendió y no hubo manera, todo fueron largas y 'ya te llamarán'».
En el banquillo se sientan, acusados de un delito de estafa, los antiguos propietarios de la vivienda y el responsable de la inmobiliaria que participó en la venta. La Fiscalía pide para cada uno una condena de cinco años de cárcel, y reclama que indemnicen a los perjudicados con más de 360.000 euros más intereses.
Todos ellos han negado la presunta estafa. El responsable de la empresa ha asegurado que los compradores «sabían que no tenía cédula de habitabilidad»; y que, cuando trasladaron a la inmobiliaria la notificación municipal, en la mercantil no sabían «nada» acerca de una orden de demolición.
Cabe señalar que los dos denunciantes han coincidido en que su interlocución fue siempre con el responsable de la inmobiliaria y no directamente con los antiguos propietarios, a los que apenas vieron: «No negociamos nada con nadie más que él».
La Fiscalía sostiene que los vendedores ocultaron deliberadamente que sobre la vivienda, ubicada en un barrio a las afueras de Palma, pesaba un expediente de disciplina urbanística desde dos años antes de la venta por unas obras sin licencia. La pareja también está personada como acusación particular, a través del abogado Carlos Portalo. Según el escrito del fiscal, en el contrato se hizo constar que la vivienda estaba libre de procedimientos sancionadores y cualquier tipo de carga o gravamen.
«No tenemos otro sitio donde vivir»
La compra se produjo en 2017 y las víctimas iban a destinarla a su residencia habitual. De hecho, los compradores han explicado que en la actualidad siguen residiendo allí y están pagando multas coercitivas para no derribar la casa, porque no tienen «otro sitio donde vivir». Han intentado presentar un proyecto para legalizar la construcción pero, según el arquitecto, no sería «viable».
Según la pareja, la vivienda se anunciaba en internet y realizaron una primera visita exterior. La casa estaba terminada por fuera pero «faltaba hacer la reforma» en el interior, según los denunciantes, que mantienen que les aseguraron que «la licencia estaba previamente concedida»: «Nos dijeron que estaba todo correcto».
Los compradores acordaron con el titular de la inmobiliaria las obras de acondicionamiento, que no llegaron a finalizarse. «Les llamábamos y no venían, nos dejaron colgados», ha declarado uno de los perjudicados. La pareja se hipotecó para pagar a otra empresa que terminase las obras, por más de 100.000 euros. «Se quedaron muchísimas cosas sin hacer», ha lamentado el otro denunciante.
Llega la "sorpresa": "había que tirar la casa abajo"
Fue en la Navidad de 2020 cuando llegó la notificación municipal. «La sorpresa fue cuando nos llegó una carta diciendo que había que tirar la casa abajo. Me fui corriendo al Ayuntamiento», ha contado uno de los denunciantes.
Cuando consiguió hablar con el responsable de la inmobiliaria, éste le tranquilizó: «Me dijo que no me preocupara, que todo estaba correcto, que él hablaría con los antiguos dueños y en una semana nos dirían cosas». No volvieron a tener noticias de él, según la pareja.
Los denunciantes han detallado que han intentado «arreglarlo por todos los medios», llegando a pedir préstamos para encargar nuevos proyectos, pero no ha sido posible legalizar la construcción. La pareja reclama no sólo por los perjuicios económicos sino también por problemas psicológicos derivados de esta situación: «Que te venga una carta en Navidades que te van a tirar la casa... La salud me la han matado», ha expresado uno de ellos.