Un juzgado de lo Penal de Palma condenó ayer a una mujer, de nacionalidad nigaragüense, a un año y nueves meses de prisión tras reconocer que utilizó las tarjetas de crédito de los dueños de la casa donde ejercía como asistenta del hogar a principios de 2022. La procesada, que sacó 6.100 euros en distintos cajeros, se declaró culpable de un delito continuado de estafa y aceptó la pena impuesta, a la que se llegó tras un acuerdo de su defensa, ejercida por Jaime Calvar, con el representante de la Fiscalía antes de iniciarse la vista.
La magistrada apreció el agravante de abuso de confianza y el atenuante de reparación del daño, ya que antes de la vista la enjuiciada, de 61 años, consignó 4.000 euros en favor de los perjudicados. Su abogado solicitó la suspensión de la pena y la jueza no se opuso. No podrá delinquir en los dos próximos años y deberá abonar los 2.100 restantes a razón de 100 durante 21 meses.
Los hechos tuvieron lugar entre el 15 de enero y el 7 de marzo del pasado año. La enjuiciada aprovechándose de la estrecha relación que tenía con el matrimonio, que le había contratado para realizar las tareas del hogar en una vivienda del barrio palmesano de Santa Catalina, cogió las tarjetas bancarias de los perjudicados y realizó retiradas en efectivo en cajeros, ya que conocía hasta el PIN.
Durante ese algo más de mes y medio se apoderó de un total de 6.100 euros tras realizar distintos reintegros, algunos de ellos de 1.000 euros y el resto de entre 200 y 300. Los titulares de las tarjetas descubrieron lo sucedido y denunciaron los hechos a la Policía Nacional, que arrestó a la sospechosa. La jueza de lo Penal número 6, dada la conformidad alcanzada, dictó sentencia en el mismo acto.