El antiguo jefe de la Policía Local de Calvià, José Antonio Navarro, vincula la denuncia que le sienta en el banquillo de los acusados por corrupción con un intento de presión de dos empresarios que habían sido sancionados por el escándalo del 'mamading'. Además, ha negado que diera ninguna orden para alterar expedientes municipales o la actuación de agentes policiales a cambio de dinero. Navarro junto al antiguo jefe de la policía de Marratxí, Antonio Ledesma, dos agentes de la unidad canina y dos empresarios se sientan en el banquillo de los acusados desde este lunes. Responde por la trama de Calvià que se investigó justo al inicio de lo que luego fue el 'caso Cursach', en el año 2014.
El detonante de esta causa fue la denuncia de unos empresarios británicos de Punta Ballena. Aportaron un vídeo de una actuación de la unidad canina y aseguraron que los agentes de este grupo colocaron una papelina de cocaína para presionarles. Eso ocurrió en agosto de 2013, un año ante del estallido del caso. Según Navarro, ese vídeo se intentó presentar en una reunión con estos empresarios y que lo pretendían emplear para «coaccionar». «Querían presionar al ayuntamiento para que no les sancionaran», dijo. Tenían un multa de 55.000 euros y una orden de cierre de un local después de que trascendiera un vídeo de una joven tras una noche de 'pub crawling' en Magaluf que provocó un enorme escándalo en su momento.
Navarro afronta una petición de seis años de cárcel en esta causa. Se le acusa además de no investigar el asunto de la papelina de cocaína de tener junto a su compañero Ledesma una gestoría. Según la Fiscalía, a cambio de recibir trabajo, se daba un trato de favor a determinados empresarios, dos de los cuales están también acusados de soborno. Navarro admitió que «colaboraba» con Ledesma en la gestoría de manera un tanto informal. Dijo que su participación había comenzado por hacer un favor cuando no estaba en la Policía Local y que luego se limitaba a redactar contratos de trabajo y hacer otras funciones.
Sobre la gestoría, el núcleo de la defensa de Navarro es que no intervenía en las sanciones que imponía el ajuntament de Calvià dado que estas se tramitaban en otros departamento y también negó haber dado órdenes a los agentes para beneficiar a unos locales u otros. "Nunca he dado instrucciones a nadie. Es imposible, cada unidad tiene libertad de criterio y sus mandos de unidad, hay 200 policías locales en Calvià", dijo. Enmarcó esas denuncias en una «guerra» entre empresarios de la zona y que eran constantes las quejas por quién recibía denunicias y quién no, sobre todo en torno a los tiqueteros.
Los agentes de la unidad canina han explicado en el juicio que el episocio de la papelina respondía a una «práctica» con el perro. Señalan que el can estaba frustrado después de una noche de patrulla conjunta con la Guardia Civil en la que no había encontrado nada y que se colocó esa papelina para que la encontrara y le sirviera como una especie de recompensa. Niegan ninguna amenaza vinculada a este episodio a los dueños de los locales. Los dos agentes recordaron que se trató de un operativo en el que las inspecciones fueron decididas por una teniente de la Guardia Civil. «Cuando dimos por finalizada la intervención del perro, mi compañero me dijo, esto lo he puesto ahí por si quieres que el perro salga contento. Consideré que sí era necesario», dijo. Los agentes acusados negaron haber hablado con los empresarios que luego le han denunciado. «No había nadie cuando se dejó la muestra. De esa actuación sabíamos mi compañero y mi jefe», dijo uno de ellos para negar que existiera una coacción a los dueños del local.