Si el proceso judicial abierto para investigar el incendio de las discotecas de Murcia concluye que las muertes de las 13 víctimas del siniestro se produjeron por imprudencias graves, los responsables de esos homicidios imprudentes podrían enfrentarse a penas de hasta 9 años de prisión.
Así lo ha explicado a EFE el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, que ha insistido en que el caso se encuentra aún en una «fase muy inicial». De acuerdo con las diligencias abiertas por el juzgado de instrucción número 3 de Murcia, se estudia que las trece muertes hayan sido consecuencia de una imprudencia, por lo que la investigación consistirá en determinar qué ocurrió exactamente y quién es el responsable.
En ese sentido, el fiscal ha recordado que, en función de la gravedad de la imprudencia, el Código Penal fija, para las consideradas graves, penas de hasta 4 años de prisión. Además, en casos especialmente graves, «cuando se haya producido un número muy elevado de muertes», como podría ser este caso, la pena puede aumentar hasta 9 años de prisión.
De cualquier forma, Díaz Manzanera ha insistido en que lo que determinará las posibles penas no es el resultado de la imprudencia, sino «la conducta inicial», por lo que ha insistido en la necesidad de esperar a los informes policiales y periciales. Además, será fundamental averiguar si el incendio fue causado por una negligencia relacionada con los propios locales, o bien por la actuación inadecuada de alguna persona en particular que pudiera causar el fuego.
«Las hipótesis están muy abiertas y no se puede concluir nada hasta que no empecemos a tener los informes policiales y de los peritos», ha resaltado. En cuanto a las responsabilidades civiles, ha señalado que es crucial conocer si las salas afectadas contaban con seguros, con lo que las víctimas podrían recibir una indemnización si se determina la responsabilidad en el suceso de los propios locales.
La administración local, ha dicho, también podría llegar a incurrir en una responsabilidad civil subsidiaria en función de las variables del caso. Preguntado por la intención de Podemos de personarse en esta causa, Díaz Manzanera ha indicado que deberá hacerlo como «acusación popular» si no es una parte directamente afectada por el suceso y que, cuando son muchas las peticiones de este tipo, el juez, previo informe del Ministerio Fiscal, puede decidir agruparlas bajo una misma representación para evitar que se ralentice la marcha del proceso.