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A juicio por tener un criadero ilegal con perros y gallos de pelea en Palma

La Fiscalía pide once meses de cárcel a cada uno por un delito de maltrato animal

La finca está situada en Son Malferit, Palma.

| Palma | |

Cuatro hombres serán juzgados en Palma por tener un criadero ilegal con gallos de pelea y perros mutilados en una finca de Son Malferit. La Fiscalía reclama una condena de once meses para cada uno de los acusados por un delito de maltrato animal. Una operación antidroga de la Policía Nacional destapó el caso a finales de 2021. Había más de 150 especies de canes, gallos, cerdos vietnamitas, palomas y caballos en condiciones insalubres y rodeados de suciedad.

El 19 de noviembre de ese año, agentes del Seprona de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de la posible actividad de cría, comercialización y venta ilegal de perros y gallos de pelea en el interior de una finca rústica de Son Malferit. El grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional aportó una serie de fotografías en las que se apreciaban tres zonas distintas en el lugar.

En las dos primeras había un criadero de perros en malas condiciones higiénico sanitarias. La tercera albergaba jaulas con gallos en su interior y otras más pequeñas en las que los investigadores no descartan que hubiera cachorros de perros o un posible criadero.

Los agentes solicitaron al juzgado la entrada y registro en la finca, que tuvo lugar el 25 de noviembre a las 8.00 horas. Los guardias civiles encontraron 56 perros adultos y cachorros de tres razas diferentes: American bully, chihuahua y bulldog francés. En la finca también había un centenar de gallos de pelea en jaulas individuales, una yegua, un poni, un cerdo vietnamita y palomas.

Uno de los perros intervenidos en el criadero ilegal de Son Malferit.

A uno de los acusados le intervinieron seis perros con las orejas cortadas y otro de los investigados tenía cuatro canes con las orejas mutiladas y uno de ellos también con el rabo cortado. Un tercer procesado tenía dos perros jóvenes con las orejas y los rabos cortados. El Ministerio Público recoge en su escrito que los animales habían sido objeto de mutilaciones por parte de los acusados o por terceras personas con su consentimiento. «Ninguna de las mutilaciones está amparada por ningún certificado veterinario ni por causa de necesidad, además de estar expresamente prohibidas en la ley de 8 de abril de protección de animales». Uno de los encausados tenía 50 gallos a los que había amputado la cresta y la barbilla. A una de las aves le faltaba el ojo izquierdo y dos de los ejemplares presentaban lesiones compatibles con peleas.

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