«El chat Sancus es una ignominia que ofende. Merece estar en el baúl más oscurso de la crónica negra de esta Isla. Es horripilante. No podemos dejar que quede impune, no existe ninguna razón técnica». El abogado Carlos Portalo, que representa al ingeniero municipal Pedro Torres, resumió así la petición unánime de las siete acusaciones particulares presentes en el juicio. Todas las partes incidieron en los delitos que ya apuntó el fiscal con algún matiz: algunas incluyen un delito de torturas a los detenidos, más severo que la obstrucción a la Justicia por la que calificaba el fiscal.
El primero en intervenir, el abogado Ángel Aragón, que respresenta al funcionario municipal que estuvo preso quiso incidir en una idea que también se repitió en otras intervenciones: «Los que están aquí son víctimas. No ha sido fácil que se separen del prejuicio con el que han tenido que vivir desde que fueron detenidos. Es una huella que persiste».
Durante más de cinco horas de informes, los abogados desgranaron detenciones ilegales, coacciones a testigos y presiones de todo tipo. «Las detenciones no tenían como finalidad preservar prueba alguna ni averiguar la verdad. Solo tenían un fin: conseguir delaciones e incriminar a José María Rodríguez y Álvaro Gijón en una cacería política», expresó Salvador Perera, en representación del empresario Antoni Roig, en prisión preventiva por el ‘caso ORA'. «El señor roig tuvo la mala suerte de ser amigo de Gijón y por eso se convirtió en la pieza a abatir», añadió. Una idea similar, en palabras del letrado Oriol Rusca, que representa al expolítico y su familia. «La esencia de la causa era cazar a Álvaro Gijón. Todas las detenciones son para delatarle, todo gira en torno al señor Gijón».
Sobre las detenciones, las acusaciones inciden en dos ideas: la falta de indicios medianamente solídos que las justificaran y que su única finalidad era buscar delaciones. De ahí que las consideren ilegales. Sobre lo primero, cargaron contra el testigo protegido 19 y su falta de credibilidad por su enfrentamiento con el PP y el informe inicial que hizo el Grupo de Blanqueo, que contenía varios errores que, según las acusaciones eran sencillos de desmontar con una investigación mínima. Además, parte de los datos que desmentían esas afirmaciones estaban ya en las actuaciones cuando se llevaron a cabo las detenciones. «El señor Penalva dijo que no lo leyó y el señor Subirán que se hubiera quedado con la boca abierta si lo hubiera sabido y eran datos que ya tenían», reprochó Aragón.
Este letrado también manifestó sobre Subirán: «Daba miedo. Daba miedo a los investigados y daba miedo a los abogados. Aquí ha habido declaraciones desgarradoras, gente devastada. Vejaba y humillaba». Otro abogado, Gerard Palmer, que representa al comisario de la Policía Local Rafael Estarellas situó en un incidente de 2013 el origen de la «inquina» del fiscal acusado con su representado: denunció que le había mirado mal en una declaración.
El apunte
El letrado de Cursach: «Ojalá no haya que repetir el juicio»
El abogado Enrique Molina, que representa a Bartolomé Cursach y a Bartolomé Sbert criticó las «limitaciones» que ha sufrido en esta causa de inicio por el perjuicio de ser «los abogados de la mafia». Criticó aspectos del auto del tribunal en el que resolvía las cuestiones previas. «Ojalá no haya que repetir este juicio», advirtió. También criticó el auto en el que se denegaba introducir las declaraciones sumariales y mostró uno opuesto de dos magistrados de la Sala.