El juicio al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán quedó en el aire en julio. El Tribunal Superior de Justicia retoma este lunes las sesiones. Las peticiones de más de cien años de cárcel de la Fiscalía Anticorrupción siguen encima de la mesa y las últimas sesiones complicaron el panorama para los seis acusados. El juicio se quedó en la declaración de algunos de los principales testigos de cargo pero faltan más.
Hasta finales de mes tendrán que declarar 67 personas más. Entre ellos Álvaro Gijón y su familia, cuya detención considera ilegal la Fiscalía; Bartolomé Sbert, que sustenta una acusación por coacciones; una treintena de abogados que intervinieron en los casos ORA y Cursach e incluso la presidenta del Govern, Marga Prohens, citada el próximo viernes. Esto es lo ocurrido hasta ahora en las 17 sesiones de juicio que se han celebrado:
A vueltas con la legalidad o no de los wasap
El juicio arrancó el cinco de junio con una batería de cuestiones previas de las defensas. El principal objetivo: dejar fuera los grupos de wasap entre Penalva, Subirán y los policías de Blanqueo acusados que dinamitaron el caso. El tribunal acotó el caso en un auto. Considera ilegales todas las pruebas relacionadas con revelación de secretos que estén en los teléfonos. La intervención de los listados de llamadas de dos periodistas hacen que, los magistrados consideren que todas ellas son ilegales.
Los wasap relacionados con los delitos más graves, las detenciones ilegales en el ‘caso ORA' quedan en el aire: el tribunal decidirá en la sentencia si había motivos o no para detener a los policías de blanqueo en cuyos móviles se descubrieron los mensajes. En ese auto, el TSJIB tomó otra decisión importante: limitar el papel de las acusaciones particulares a los hechos que les atañen directamente. La representación de Bartolomé Cursach quedó casi fuera de juego desde entonces.
Penalva y Subirán dicen ser víctimas de un complot
Penalva y Subirán denunciaron en sus declaraciones ser víctimas de un complot por investigar a Cursach. Solo el exmagistrado contestó preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, ningún otro acusado lo hizo. Negaron cualquier coacción por su parte y filtraciones, incluso por no perseguirlas: «Fue lo que ocurre en todas las causas mediáticas. Siempre ha sido así y siempre lo será», dijo el entonces juez.
Penalva, sin embargo, fue muy poco preciso a la hora de justificar su actuación en el ‘caso ORA', con varios «no lo sé, no me acuerdo». De justificar esa actuación se ocupó el subinspector de Blanqueo, Miguel Ángel Blanco. En una exposición que duró varias horas intentó acreditar que tenían indicios claros de delito.
Enfrentamiento constante con la Fiscalía
El exjuez y el exfiscal emplearon otra línea de defensa: la participación del también fiscal Juan Carrau, al que corresponsabilizan de todo. Le habían propuesto como testigo pero, en el último momento, su defensa renunció. Los choques con el fiscal, Tomás Herranz, fueron constantes en las primeras sesiones del juicio. Penalva también aseguró que se va a querellar contra los policías que le investigaron.
‘Los Juanes' y mandos de la Policía Nacional
Las testificales arrancaron por la propia investigación a Penalva y Subirán, con la declaración del comisario y el inspector que se encargaron de allá, ‘Los Juanes'. El interrogatorio más tenso en lo que va de juicio. Otros mandos como el jefe superior de Policía, José Luis Santafé, incidieron en lo mismo: Blanqueo iba por libre y contaba con la protección del juez. Incluso con amenazas a los mandos.
Amenazas y errores de bulto en el ‘caso ORA'
Los diez detenidos en el ‘caso ORA' y un grupo de funcionarios municipales que han declarado hacen un relato similar de la investigación del ‘caso ORA', que sustenta las principales acusaciones. En primer lugar, han sostenido que la investigación se basaba en errores de bulto, como ignorar el precio real del contrato o no saber dónde estaba guarda el acta de la mesa de contratación. También señalan presiones: «Si intentaba corregirles, me tachaban de corrupta», dijo una.
Las más claras: las advertencias al empresario Antoni Roig y el funcionario Miguel Femenía con irse a prisión si no implicaban a otros sospechosos. Ambos ingresaron. El exconcejal, Joan Ferrer, a cargo de Mobilitat cuando estalló el caso fue especialmente claro. Declaró que nadie fue a buscar documentos claves del caso a pesar de que Femenía estaba en prisión por riesgo de destrucción de pruebas y que Subirán solo le pedía testigos «en contra de la ORA».
La pistola encima de la mesa del juez Penalva
Además de los delitos de detención ilegal, otra de las acusaciones incluye coacciones a detenidos en el ‘caso Cursach'. Una de ellas, amenazas a Sbert. Su abogado declaró que el juez Penalva le llegó a poner la pistola encima de la mesa en una conversación privada. Varios episodios de ese tipo de amenazas todavía quedan por abordar, como la oferta a un funcionario para salir de prisión según declarara.
El apunte
Marga Prohens, Álvaro Gijón, José María Rodríguez y muchos abogados
A partir del lunes desfilarán por el TSJIB algunos de los principales testigos del caso. La más llamativa será la presencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens. Salvo renuncia de último momento está citada para el viernes 8. Su presencia en el juicio se produce a petición de Álvaro Gijón. Prohens era portavoz del PP en el Parlament en el momento en el que el entonces diputado se vio inmerso en los casos ORA y Cursach. Pasó al Grupo Mixto. También está citado el entonces presidente del PPen Balears, Gabriel Company y la portavoz municipal, Margarita Durán. El mismo día coincidirán con José María Rodríguez. El exdelegado del Gobierno también fue investigado en el ‘caso ORA’ pero de forma superficial y se vio salpicado por las mentiras de la madame, de la que fue uno de los principales blancos.
Un día antes, el jueves, comparecerá Álvaro Gijón, su hermano y sus padres. Estos tres últimos fueron detenidos en el ‘caso ORA’ acusados de blanquear fondos para el político. Una acusación que más tarde se vino abajo. Además están citados una veintena de abogados que intervinieron en defensa de los detenidos del caso.