El abogado que asistió a la declaración de dos imputados en el 'caso ORA' afirma que el juez Penalva les ofreció «inmunidad» si declaraban contra sus socios. El letrado ha declarado esta mañana como testigo en el juicio. En 2016 asistió a dos directivos de Dornier, una de las empresas que formaban parte de la UTE que ganó el concurso del aparcamiento. Señala que, durante la declaración protestó por la presencia de policías armados que hacían preguntas: «No lo reflejaron en el acta», se queja.
El testigo también asegura que protestó otra vez: «Insistían en que declararan en un sentido en que mi representado no podía declarar porque los hechos no eran así y que dijera cosas para inculpar a otros socios nuestros ofreciéndole a él completa inmunidad. Eso se lo decía constantemente el juez y el fiscal, que llegó más tarde». El abogado también alude a «descalificaciones» constantes por parte de Subirán hacia su representado durante el interrogatorio y que la transcripción de las respuestas en el acta era incompleta. «Quedaron muy limitadas».
También ha declarado en esta sesión un subinspector de Hacienda sobre un informe enviado al juzgado sobre el patrimonio de la familia Gijón, uno de los documentos con los que las defensas justifican las detenciones. Sin embargo, el funcionario ha manifestado que indicaba una serie de actuaciones a llevar a cabo para confirmar si el movimiento sospechoso era legal o no. Se trataba de un reconocimiento de deuda por parte de una empresa de la familia hacia la madre, que también era socia. «Faltaban dato», dijo el técnico. Parte de esa información se podría haber obtenido de forma sencilla a través de las cuentas corrientes de la familia. A preguntas del fiscal ha reconocido que es una gestión fácil que podía haber realizado el juzgado. También que el juez Penalva tampoco le requirió para que revisaran los libros de contabilidad de la empresa.
En la sesión ha comparecido el jefe de la inspectora Blanca Ruiz cuando esta fue detenida en Madrid por su participación en los hechos. Ha señalado que le aconsejó dar las claves de su móvil si no tenía nada que ocultar y que lo que le preocupaba a la ahora acusada era el acceso a datos personales suyos.
El juicio se retomará en septiembre, cuando aún quedan veinte sesiones para que finalice.