Muerte, de momento, sin resolver. El juzgado de Instrucción número 10 de Palma ha ordenado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra el hombre acusado del crimen de una joven en el Passeig Marítim en agosto del pasado año. La magistrada, como ya hiciera tras decretar la libertad del investigado después de que ingresara el varón en prisión, sostiene en el auto, al que ha tenido acceso Ultima Hora, que «la ausencia de pruebas materiales llevan a no poder determinar la autoría de los supuestos hechos».
Gaspar Oliver, el abogado del que era el único sospechoso de la muerte de Daniela E., solicitó en un escrito remitido al juzgado que investiga los hechos el archivo de la causa, al que no se opuso el Ministerio Fiscal. Ya que, según su parecer y con la instrucción de la causa prácticamente finalizada, existían «dudas sobre el carácter criminal de la muerte investigada».
El auto de la magistrada también toma como válida la versión espontánea ofrecida por el arrestado en dependencias policiales. El varón, de 31 años, sostuvo desde el primer momento que la joven le dijo que se quería bañar y él se marchó del pantalán dejándola sola allí. Eso es lo que las imágenes de las cámaras de seguridad dejan a las claras, a pesar de que circuló otra teoría, que no ha podido ser corroborada, que apuntaba a que el sospechoso dio dos empujones a la chica. Otro de los aspectos destacados de las cámaras, cuyas imágenes tuvieron que ser tratadas por especialistas en Madrid, es que se ve pasar a gente, e incluso un grupo de personas por donde estaban el investigado y la víctima y «llama la atención de que nadie viera nada ni oyera ningún grito», subraya la magistrada. Asimismo la instructora del caso remarca que el informe médico forense «no constató la presencia de violencia en el cuerpo de la fallecida», que en el momento de los hechos presentaba un estado de «intoxicación etílica aguda», apunta.
El apunte
El investigado, de 31 años, estuvo en prisión provisional hasta que cambió de abogado
La Guardia Civil detuvo a M. S., de 31 años, el 9 de mayo tras una ardua investigación que duró meses. 72 horas más tarde pasó a disposición judicial y la jueza de guardia lo envió a prisión. Vio claro, como los investigadores, su participación en la muerte de la joven. El sospechoso cambió de abogado y contrató a Gaspar Oliver, que recurrió su ingreso en prisión y diez días más tarde quedó en libertad con medidas cautelares. Ahora, mes y medio después, el caso ha quedado archivado por falta de pruebas contra él.